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Con una ola de aplausos para honrar a Berta Cáceres, defensora ambientalista hondureña asesinada el pasado 3 de marzo, inició el X Encuentro de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSM), en esta ciudad chiapaneca.

La frontera sur de México es una región con alto flujo migratorio. Se trata de al menos 112 mil personas –registradas por el Instituto Nacional de Migración (INM) en 2010– que emigraron de manera irregular a México con la intención de llegar a Estados Unidos.

Aunque no es posible conocer con exactitud el volumen del flujo migratorio debido al subregistro y a las condiciones en que se realiza, Guatemala, Honduras y El Salvador son los países de procedencia de la mayoría de las y los migrantes, y de los que las mujeres representan casi la mitad (48 por ciento) de la población en tránsito.

Aurelia Martínez, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, (Ofraneh), denunció la violencia, violación a los Derechos Humanos (DH), carencia de servicios de salud y educación, y las profundas desigualdades de género y raciales, que obligan a las mujeres a salir de sus países a pesar del riesgo de ser asesinadas en el tránsito migratorio.

De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emifsur) –realizada por el Colegio de la Frontera Norte y dependencias federales–, las mujeres centroamericanas se internan a nuestro país por las localidades chiapanecas fronterizas con Guatemala, que se caracterizan por presentar una alta dinámica laboral, comercial y de concentración de asentamientos poblacionales. Tan sólo en 2015, 2 mil 359 guatemaltecas emigraron a diario para trabajar en esta frontera.

Con el objetivo de analizar la realidad de las mujeres en las migraciones y la violación a sus derechos en la frontera México-Guatemala, 80 expertas se reúnen los días 25 y 26 de mayo en esta ciudad.

Convocadas por la RMMSM, la Red de Gestoras de Derechos de la Frontera México-Guatemala, y Formación y Capacitación (Foca), las integrantes de más de 40 organizaciones civiles mexicanas, de Guatemala, El Salvador y Honduras, acusaron la situación de riesgo para las mujeres migrantes en su paso por México, donde son violentados sus DH, principalmente sus derechos laborales.

Diana Damián Palencia, directora de Foca, refirió que el Encuentro se suscribe en la evidencia de la pobreza extrema, falta de oportunidades y de empleo en los países de origen, que colocan en riesgo a las centroamericanas que emigran a la frontera sur  mexicana en busca de trabajo.

Se trata de trabajadoras migrantes jóvenes, en edad productiva y reproductiva, con escasas oportunidades educativas, provenientes de Centroamérica que llegan a trabajar a Chiapas. Se estima que 55 por ciento de las personas nacidas en otro país y que radican en Chiapas son mujeres provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

María Rosa Laínez Hernández, fundadora de la RMMSM e integrante de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES) en El Salvador, denunció la doble y triple vulnerabilidad de las mujeres indígenas y rurales, quienes son las que más emigran por razones económicas.

En particular, las expertas denunciaron la falta de respeto a los derechos laborales de las mujeres en las migraciones, ya que la ausencia de garantías de empleo y salario digno provocan pobreza y altas posibilidades de explotación laboral.

Según el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), el trabajo del hogar es la principal ocupación de las trabajadoras migrantes, a él se dedica 65 por ciento de las salvadoreñas, 49 por ciento de las guatemaltecas, y 37 por ciento de las hondureñas. El comercio, trabajo agropecuario e industrial, el comercio informal y los servicios, son otras de las ocupaciones de las centroamericanas en Chiapas.

Se trata de dos formas principales de trabajo transfronterizo y temporal. Las trabajadoras transfronterizas son aquellas que cruzan la frontera para trabajar en territorio mexicano por menos de 24 horas.

Tan sólo en 2009 –de acuerdo con los datos del Imumi– se registraron 223 cruces diarios de mujeres centroamericanas; 65 por ciento de ellas laboraron como vendedoras ambulantes, y 31 por ciento se dedicaron al trabajo del hogar. Del total de estas trabajadoras migrantes, 37 por ciento percibió más de dos salarios mínimos.

En tanto, las trabajadoras temporales cruzan la frontera para trabajar por más de 24 horas, reportando 157 cruces diarios de mujeres en 2009. De este total, 70 por ciento de ellas se dedicaron al trabajo del hogar. Apenas 6 por ciento de las empleadas temporales gana más de dos salarios mínimos.

Damián Palencia exigió al Estado mexicano que garantice condiciones de empleo digno para las migrantes centroamericanas con respeto a su derecho a la salud principalmente. Al gobierno de Chiapas le urgió a facilitar la documentación para que las migrantes puedan trabajar en el estado con condiciones dignas, seguras, con acceso a los servicios de salud y con calidad de vida.

Carolina Gutiérrez Palacios, coordinadora de la RMMSM en Guatemala, llamó a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social de su país a actuar en la atención y derivación de casos de mujeres migrantes trabajadoras, para garantizarles condiciones dignas de trabajo y salarios dignos.

“En nuestros países no existen condiciones para poder sobrevivir, si en nuestros países hubiera condiciones de vida no sería necesario emigrar, sin embargo, donde quiera que se encuentren, las mujeres en las migraciones tienen derechos como humanas”, concluyó la defensora salvadoreña Laínez Hernández.

 “Espiritualmente, a la distancia estamos con ellas, que sigan adelante porque emigrar es un derecho”, dijo la defensora garífuna (etnia con descendencia africana e indígena) Aurelia Martínez.

Las expertas garífunas, poptí, tseltales, tsotsiles, tojolabales, mam y mestizas reunidas en San Cristóbal de las Casas demandaron la importancia de reconocer que las mujeres migrantes contribuyen al desarrollo, por lo que exigieron igualdad de oportunidades de empleo entre mujeres y hombres, y que se les brinde la documentación migratoria y permisos de trabajo.

Asimismo, exigieron el respeto de los derechos laborales de las trabajadoras migrantes en la frontera sur de México.

Por: Cirenia Celestino Ortega

 

Foto: Paulina Sentíes Martínez-Parente

 

Vía CimacNoticias 

 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob), aceptó analizar una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Veracruz, al no aplicarse la Norma Oficial Mexicana “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” (NOM 046). 

El pasado 5 de abril, las organizaciones civiles Equifonía, Xochiquetzal, Haceres, Akelarre, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre otras, solicitaron la activación de la AVG en la entidad en su modalidad de “agravio comparado”, es decir, por la inadecuada aplicación de la NOM 046 que obliga al personal de salud a dar anticoncepción de emergencia e interrumpir el embarazo a las víctimas de violación sexual.

En su petición, las organizaciones demandantes aseguraron que en Veracruz prevalece un ordenamiento jurídico y una política pública que transgrede los derechos de las mujeres, pues en su conjunto se obstaculiza el acceso a servicios de salud para el aborto legal. 

Las agrupaciones argumentaron tres agravios: el primero, al no cumplirse la NOM 046 para otorgar servicios de salud a las víctimas de violación sexual; el segundo, al castigar a las mujeres acusadas del delito de aborto con terapia psicológica, y el tercero, ante la eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el gobernador Javier Duarte, para “proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”.

Al respecto, la Conavim aceptó el primer agravio sobre la inadecuada aplicación de la NOM 046, y el segundo sobre la aplicación de los artículos 150, 151, 152, 153 y 154 del Código Penal estatal, que definen el delito de aborto y estipulan como pena contra las mujeres que interrumpieron sus embarazos, que se les brinden “medidas de salud y educación”.

Tras analizar la solicitud, Conavim rechazó por improcedente el tercer agravio, al considerar que al momento de la petición de AVG (en abril pasado) la iniciativa de reforma aún no se aprobaba y por tanto no es un ordenamiento jurídico ni política pública vigente.

Se preveía para el pasado 12 de mayo que se votara la iniciativa, pero ese día el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes, informó a los medios que la Iglesia católica y el Legislativo local habían pactado que la reforma al artículo cuarto de la Constitución veracruzana se aprobara tras las elecciones del próximo 5 de junio, con las que se renovarán la gubernatura y el Congreso estatal.

A decir de María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, de acuerdo con una revisión de las activistas sobre el funcionamiento de los servicios de salud en Veracruz para garantizar el aborto a las víctimas de violación, estas disposiciones no se cumplen pese a que se trata de una norma de observancia general para todo el sector sanitario.

Estrada señaló que Conavim revisará la tipificación del delito de aborto en la entidad, porque si bien no se castiga con cárcel, a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado las mandan con un psiquiatra o psicólogo, y además quedan con un antecedente penal.

La dirigente del OCNF explicó que lo importante es que en esta ocasión la Conavim analice los argumentos planteados por las organizaciones civiles, aunque rechazara que la posible reforma antiaborto sea un posible agravio para los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.

Abundó que las activistas incluyeron como agravio la reforma para “proteger la vida desde el momento de la concepción” como una medida de prevención porque, si bien no es vigente, su posible aprobación generaría una “mayor incertidumbre y discriminación de género”, y –destacó– el fin de una AVG es prevenir.

De acuerdo con el OCNF, la Conavim debería hacer un llamado a los poderes legislativo de todas las entidades para que antes de aprobar una ley, revisen que la norma se base en criterios de igualdad y no sea un ordenamiento jurídico que discrimine a las mujeres.

En Veracruz la primera solicitud de AVG se presentó el 9 de septiembre de 2015 por la organización Equifonía, que alegó que existía un creciente número de asesinatos de mujeres, por lo que al ser aceptada la petición se integró un Grupo de Trabajo que en enero pasado presentó recomendaciones que deben ser acatadas por el gobierno local en un plazo de seis meses, o de lo contrario la Segob podrá decretar la alerta por violencia feminicida.

Una vez que la reciente solicitud de AVG por “agravio comparado” fue aceptada, el siguiente paso es conformar otro Grupo de Trabajo –integrado por gente de la academia y representantes de gobierno– para que investigue al respecto y emita recomendaciones, tal y como lo marca el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Por: Anayeli García Martínez

 

Foto: César Martínez López

 

Vía CimacNoticias 

 

Mientras en México no funcione eficazmente el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) –cuya creación fue ordenada por ley desde 2007–, faltarán datos certeros sobre los casos de feminicidio y estrategias para prevenirlos, criticaron activistas.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y Montserrat Díaz, coordinadora del Colectivo Feminista de Xalapa, aseguraron que si bien no hay claridad en el número de casos de feminicidio en el estado de Veracruz, los casos continúan y no se sabe qué hacen las autoridades al respecto.

Así lo dijeron luego de que la Secretaría de Gobierno de esa entidad informara la víspera en un boletín que, de acuerdo con ONU-Mujeres, Veracruz ocupa el lugar 27 en el listado de estados con el mayor número de presuntos casos de feminicidio.

Según el estudio “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias 1985-2014”, que realizó ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación (Segob), en Veracruz hubo una disminución de casos de feminicidio en un año.

En 2014, en la entidad se reportó un descenso de 9.8 por ciento en la tasa del delito de feminicidio con respecto a 2013; sin embargo, en su boletín, la Secretaría de Gobierno omitió señalar que de 2007 a 2014 la tasa de asesinatos de mujeres aumentó en 92.4 por ciento.

Y es que en 2014 en la entidad se registraron 90 presuntos asesinatos de mujeres, de acuerdo con la investigación.

Sin embargo, en México existe una variación de cifras sobre feminicidio. Incluso el reciente informe destaca que hace falta un sistema integral de información que permita conocer el número de casos de los distintos tipos de violencia de género.

Así por ejemplo, las procuradurías de Justicia tienen una información; el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal otra; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Salud (Ss) recopilan otras cifras, y los grupos civiles hacen sus propios recuentos.

Esto sucede aunque desde 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ordenó la creación del Banavim, para tener cifras confiables. No obstante, no está actualizado ni es de libre acceso. 

Al respecto, María de la Luz Estrada señaló que uno de los principales problemas para documentar el feminicidio es la fuente de información, pues la autoridad que determina si fue un homicidio doloso es un Ministerio Público, y por tanto aún es un desafío contar con datos confiables.

Mencionó que mecanismos internacionales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ya ha recomendado tener datos fidedignos para hacer un diagnóstico y elaborar políticas públicas en la materia.

A decir de la activista, si bien existe el Banavim, no se está alimentando y lo que revela el informe de la ONU es que en México hay un problema grave de asesinatos de mujeres, quienes son privadas de la vida de manera brutal, y muchas veces son víctimas de violación sexual.

Cabe decir que de acuerdo con el proyecto “Violencia contra mujeres y niñas. Monitoreo de medios de comunicación en Veracruz”, de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de 2016, los medios informativos locales reportaron 54 casos de veracruzanas asesinadas.

Según la descripción de los hechos, en 42 de los casos se trató de feminicidio; además se reportó la desaparición de 108 mujeres y niñas, y 333 tipos de violencia de género.

Monserrat Díaz mencionó que en Veracruz no se ha notado una baja en el número de asesinatos de mujeres, pero destacó que lo importante es que estos casos se investiguen y sancionen, aunque sean pocos.

Por esa razón, en septiembre de 2009 Equifonía y otras agrupaciones solicitaron la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad. Del año 2000 a 2010 se iniciaron 728 averiguaciones por homicidios dolosos de mujeres, reportó la Procuraduría de Justicia estatal. 

Además en 2012 las organizaciones civiles conocieron de 95 asesinatos de veracruzanas, y en 2013 de 92 homicidios más; ya en 2014 el Instituto Veracruzano de las Mujeres señaló 24 casos de feminicidio.

Respecto a la solicitud de AVG, en febrero pasado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Segob, informó de una serie de recomendaciones hechas por un Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida en el estado.

Luego del anuncio, las activistas han dado seguimiento a las recomendaciones para vigilar que el gobierno estatal las implemente, y con ello que se tomen acciones para prevenir la violencia y los asesinatos de mujeres.

Tanto Estrada como Díaz coincidieron en que las autoridades locales deberían informar de las acciones que están implementando para prevenir o sancionar la violencia contra las mujeres, en vez de enfocarse en informar si bajó o no el número de casos de feminicidio.

 

Por Anayeli García Martínez

 

Vía CimacNoticias 

Con el propósito de conocer las demandas, planteamientos, expectativas y propuestas relacionadas con políticas públicas y  reformas legales que lleven a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual () a un estatus igualitario dentro de la sociedad mexicana, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) llevó a cabo la “Mesa de trabajo sobre diversidad sexual” en la que participaron organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos y ciudadanos interesados en el tema.

Según un comunicado, a partir del reconocimiento constitucional del derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, que el presidente Enrique Peña Nieto realizó en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia, María Angélica Luna Parra, titular del Indesol comentó que “es un cambio que simboliza que vamos hacia adelante, es lo que el Gobierno de la República está promoviendo desde distintos ámbitos para favorecer a todas y todos los mexicanos, en hacer medidas concretas e instrumentos que permiten construir y transformar nuestro país”.

Por ello, expresó su reconocimiento a la lucha que encabezan los distintos actores sociales en busca de combatir las grandes brechas de desigualdad y discriminación que a veces significan un retroceso en la sociedad; “tenemos que buscar garantizar el derecho a ser felices de cada uno de las y los ciudadanos, pero sobre todo el respeto a la diversidad”. Asimismo, reiteró el compromiso de este organismo para “abrir espacios de diálogo e interlocución con la sociedad civil de respeto a la dignidad, y de reconocimiento a los derechos humanos sin distinción alguna”.

Por su parte, Carlos Quintero Herrera Lasso, jefe de la Oficina del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal enfatizó que con esta reforma constitucional sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo “es el punto de partida para lograr un México sin discriminación”. 

De esta forma, precisó, “hay cosas que no deben suceder, no puede haber en nuestro país que sólo algunas entidades tengan ciertos derechos y otros que sigan tratando como “ciudadanos de segunda”, es fundamental seguir implementando reformas en el código civil, para ello, el trabajo en conjunto con las instituciones y la sociedad civil organizada es indispensable para identificar cualquier otra norma federal, estatal o municipal que pudiera implicar alguna forma de discriminación, hay que trabajar para que se eviten, se deroguen o se modifiquen, y sean acordes al cumplimiento de las garantías individuales”.

En este sentido, pidió que junto al proceso legislativo y democrático que conlleva la propuesta del Ejecutivo para hacer modificaciones y reformas “es necesario que las organizaciones no lucrativas aporten con sus investigaciones y experiencias, para estudiar y promover desde fondo propuestas que hagan cambios a las normas violatorias de derechos, es decir, “la sociedad civil es la que permite que los instrumentos no queden aislados y tomen fuerza como movimientos sociales para llegar realmente a cambios sustantivos”.

El funcionario público concluyó “En México no es aceptable, las fuerzas que se oponen o causan resistencias para garantizar los derechos a la identidad de las personas del mismo sexo”.

Dentro de las propuestas a desarrollar, las organizaciones de la sociedad civil plantearon: políticas para reducir la disparidad en materia de salud; el desarrollo de mecanismos institucionales de registro, sistematización y análisis de información que reflejen la vulnerabilidad de este grupo; en materia de educación, sensibilizar y educar a las y los alumnos en materia de género y contribuya a evitar en lo futuro posibles actos de discriminación desde la niñez; modificar o reeditar el protocolo de actuación que deben seguir los agentes ministeriales, policías estatal o municipal, o bien el personal que tenga contacto directo con personas víctimas de violencia por su orientación sexual para garantizar su acceso a la justicia de manera adecuada; armonizar las distintas leyes nacionales y locales con la intención de verificar que la comunidad LGBTTTI no sea excluida de ellas.

 

Asistieron representantes de Inspira cambio, Fundación Arcoiris, El Closet de Sor Juana, Unidad de Género, Programa Universitario de Estudios de Género de la Unam, Las reinas chulas, AC, Cuenta conmigo, diversidad sexual, AC, Fundación México Vivo, AC, Balance, AC, Karuna, salud y desarrollo, AC. Imss, Conapred e Inmujeres, así como Sergay Aguascalientes y Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa, AC, de Yucatán.

 

Vía Quadratín 

 

“Tenía 11 años cuando escuché que me llegaron a apartar. Vi cómo tomaban trago para celebrar el acuerdo. En la fecha de cerrar el trato, había listos unos puercos y unas despensas… huí. Tenía mucho miedo. Y luego, mucha culpa de que lo que me pasara era por haber huido de mi comunidad”, cuenta Odilia López Álvaro, mujer de la etnia chol y defensora en el Centro de Derechos de la Mujer del estado de Chiapas.

La suya es una historia parecida a muchas otras que se repiten en esta entidad desde hace siglos, tal vez desde siempre, pues en Chiapas los varones pueden conseguir una “esposa” de hasta 11 años de edad, niñas que –en términos llanos– les proveerán de servicios sexuales y domésticos.

Una realidad que difícilmente va a cambiar con la reciente modificación a las leyes que propuso el Senado a 25 congresos locales, entre ellos al de Chiapas, que eleva la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de niñas y adolescentes.

La propuesta fue retomada y aprobada por el Congreso chiapaneco que reformó el Código Civil estatal, haciendo requisito indispensable que los contrayentes sean mayores de edad.

Y el impacto será menor o nulo en las comunidades indígenas de Chiapas, ya que los matrimonios con menores de edad tienen sustento en la oralidad comunitaria, es decir, con la presencia de “testigos de la unión”.

“La venta de mujeres menores de edad se sigue dando en Chiapas, específicamente en la zona de Los Altos, donde hasta las cambian por bienes materiales”, dijo en una entrevista reciente la diputada local María Eugenia Pérez Fernández, integrante de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez del Legislativo estatal.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 17.3 por ciento de las mujeres se casaron siendo menores de 18 años, sólo 3.9 por ciento de los hombres se casaron antes de la mayoría de edad.

La unión civil con niñas y adolescentes no es privativo de México, se trata de un problema mundial sin cifras específicas debido a que, como sucede también en nuestro país, estos matrimonios se sustentan en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, es decir, no están legitimados ante alguna autoridad y no hay un registro de su ocurrencia.

Son matrimonios “de palabra”. El “novio” habla con el padre, si éste aprueba la unión, eligen a unos padrinos y se unen en una pequeña ceremonia en la que no hay un casamentero siquiera; cualquier persona con una mediana reputación o con afecto por alguno de los “contrayentes” puede avalar la unión, por eso es difícil cuantificar cuántas niñas, adolescentes y mujeres son forzadas a “casarse” de esta manera.

Los matrimonios forzados, la trata, la violencia física y psicológica, el abuso sexual y los casos de feminicidio son situaciones que enfrentan las mujeres por el sólo hecho de serlo, pero también por el ambiente de desigualdad en el que viven, y que refuerza la desvalorización de género, ha señalado Claudia Hasanbegovic, doctora en Políticas Sociales.

En 1975, la feminista Gayle Rubin escribió que a lo largo de la historia el cuerpo de las mujeres ha sido usado como intercambio entre varones, para pagar deudas, como regalo, cambiadas por favores, enviadas como tributos, compradas y vendidas.

POBREZA, MARGINACIÓN Y AUSENCIA DEL ESTADO

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicó un documento en 2010 señalando que una niña de un hogar pobre tiene tres veces más probabilidades de contraer matrimonio que una niña de un hogar con mejores ingresos.

“En algunos hogares las niñas son vistas como una carga, una boca más que alimentar, vestir, calzar, en otros casos son vistas como un bien, como poseer una vaca, y sabes que cuando tenga ciertas características podrás sacarle provecho a través del pago que vas a recibir del novio”, explicó en entrevista la activista Karen Dianne Padilla.

La región del estado con más indicadores de pobreza es conocida como “Los Altos”, conformada por 17 municipios: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, San Juan Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinancantán, todos con un alto índice de población indígena.

Datos del Inegi de 2015 señalan que en Chiapas hay un millón de niñas y adolescentes, de ellas, una de cada tres son indígenas.

SEGUNDO LUGAR EN MATRIMONIOS DE MENORES

Aunque las uniones bajo el régimen de usos y costumbres no se registran, el despacho de Consultores en Administración y Políticas Públicas hizo en 2015 un recuento de matrimonios legales en el Registro Civil de Chiapas, donde contabilizaron 747 actas matrimoniales en los que la contrayente tenía entre 12 y 17 años de edad. El primer lugar lo ocupó el estado de Guerrero con 795 actas.

Aunque la Constitución reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos, deben respetar los Derechos Humanos (DH) y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

Sin embargo, estos derechos son violentados por prácticas como el matrimonio forzado, señala el abogado especialista en temas de género, David Vázquez Hernández.

“También tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que considera como conductas discriminatorias: impedir la libre elección del cónyuge o pareja; aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana, y obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable de niñas y niños”, añade.

“Hay una tensión entre los usos y costumbres y el respeto a los DH. A partir de 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llegaron a Chiapas varias organizaciones no gubernamentales que lucharon de distintas maneras para dejar que los pueblos tuvieran autonomía en su forma de gobernarse, hubo mucha solidaridad internacional al respecto, sin embargo en esa autonomía se invisibilizó que el régimen de usos y costumbres viola los derechos de las mujeres”, señala Karen Padilla.

Según datos del Inegi, en 2010 había un total de 12 mil 400 madres menores de 15 años, lo que ubicaba a Chiapas como la tercera entidad con mayor número de embarazos en adolescentes. En 2016, Chiapas pasó a ocupar el primer lugar. También se reportó un registro de 510 niñas de entre 12 y 14 años que ya son madres.

UNIONES FORZADAS EN SAN JUAN CHAMULA

Marco Shilon, ex titular en Chiapas de la Secretaría de Pueblos Indios, también ex titular de la Fiscalía Indígena y en la actualidad maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, dice que para la etnia tsotsil –que habita principalmente en San Juan Chamula–, la individualidad no existe.

En la cosmovisión indígena, todas las personas son sujetos colectivos, de ahí que aceptar a una persona para matrimonio no es un asunto de la novia, sino de la familia.

“La novia no conoce al novio, es el novio que se fija en una muchacha, el hombre va a hablar con el papá y la mamá, para pedirle en matrimonio a su hija, de regalo le llevan cajas de pan, plátano, refresco y posh (bebida alcohólica tradicional de Los Altos de Chiapas).

“Cuando se va el muchacho, el papá pregunta a su hija si quiere casarse con él, la muchacha puede espiar quién es el muchacho que la quiere. Si a ella le gusta, pues dice que sí, que ya se arregle el matrimonio. Si a ella no le gusta, el muchacho puede insistir hasta 10 veces”.

De acuerdo con la tradición de San Juan Chamula, luego de unirse, los esposos pueden devolver a las jóvenes si no son vírgenes, no saben cocinar, no les gusta limpiar la casa, o si lloran mucho porque extrañan su casa materna.

Si esto sucede, los padres de la joven deberán regresar el dinero que recibieron para la “fiesta”, más el pago de intereses, de lo contrario, serán multados y puestos a disposición de las autoridades tradicionales.

Luz Santiz, originaria de San Juan Chamula, reconoce que hay venta de niñas y adolescentes para matrimonio: “Hay venta, pero no les conviene decirlo porque ellos se benefician”.

“Mi mamá pidió 10 mil pesos supuestamente para hacer la fiesta, así se dice, no es que de manera descarada se diga quiero 10 mil pesos por mi hija, pero mi mamá no hizo fiesta, con ese dinero pago sus deudas”. Luz recuerda que su mamá negó que le hubieran dado dinero, “pero yo vi cuando le dieron los 10 mil pesos”.

“Darío (su esposo) me conoció vendiendo en el mercado de artesanías Santo Domingo, yo tenía 14 años; él una vez pasó a mi lado y me puso una tarjeta de esas de Ladatel con un papelito donde traía anotado su número de celular y me dijo al oído márcame, como la tarjeta quedó en mi mano dije: la tengo que gastar hablándole para que no piense que la gasté en otra cosa, entonces, le hablé y me invito a salir, yo le dije que sí, fuimos a comer un helado, luego él me compro unos zapatillas y nos pasamos a tomar una foto”.

Luz dice que no tenía un interés sentimental en él: “Mi error fue haberme tomado una foto con él, porque con eso me amenazó para casarnos, me dijo se la voy a enseñar a tus papás en San Juan, que vean que ya saliste conmigo, por eso decidí mejor casarme con él; me fui a vivir a casa de sus papás, ahí me maltrataba mucho, me violaba, casi todas nuestras relaciones sexuales fueron violaciones”.

La práctica de los matrimonios forzados es sólo entre miembros de las comunidades indígenas, con frecuencia se trata de bodas entre menores; para la “esposa” la edad mínima es de 10 años, mientras que para los hombres es de 14 o 16 años.

VIOLENCIA

Margarita López es originaria de Tojchuctik, municipio de Mitontic, uno de los 10 más pobres de México, y cuenta que fue vendida a Juan Velasco López a los 11 años, a cambio de 10 garrafones de posh.

Juan no sólo tomó a Margarita como esposa, también a una segunda pareja, pues los usos y costumbres no impiden tener varias compañeras. Según testimonio de Margarita, ambas mujeres eran obligadas a tener relaciones sexuales con él, y además Juan violó reiteradamente a su hija mayor, a quien obligó a tener dos hijos producto del abuso sexual.

Celia, la hija mayor de Margarita, asesinó a su padre cuando éste intentaba violar a otra hija. Margarita fue apresada siete años. Hoy está libre. Regresó a su comunidad a cuidar de sus hijas e hijos y de su madre.

Según reportes de la organización Melel Xojobal, la violencia contra niñas y adolescentes es una práctica cotidiana. En 2008, el 42 por ciento de las mujeres indígenas de Los Altos de Chiapas dijeron haber sido víctimas de golpes y/o humillaciones en la infancia; 7 por ciento de abuso sexual; 41 por ciento de violencia por parte de sus parejas, y 10 por ciento de violencia sexual.

“Es que en nuestra cultura no se habla de sexo; muchas de nosotras llegamos a nuestra primera noche de bodas sin saber qué nos va a pasar, pues somos chamacas de 12, 13 o 14 años; ya ahorita como es otro mi pensamiento, sé que mi primera relación fue una violación; yo no quería, me dolía, tenía miedo y él me forzó y después me siguió forzando; el sexo no es un momento que disfrutemos mucho”, cuenta Luz.

Para la antropóloga feminista Marcela Lagarde, la violencia contra las niñas y adolescentes se comete en sociedades o en círculos sociales cuya característica es la constante violación a los DH de las mujeres, que se articula con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política.

“DERECHOS” CONYUGALES

Acceder a las mujeres de alguna comunidad de Los Altos sin pasar por las autoridades masculinas es complejo, pues una conversación con ellas siempre está mediada por los varones. Los testimonios para este reportaje son de mujeres que ya no viven en su comunidad y que además enviudaron, se separaron, las dejaron o huyeron.

Manuel de la Cruz Santiz, juez de paz y conciliación indígena de San Juan Chamula, señala que en la mayoría de comunidades indígenas las mujeres tienen derecho a la separación cuando el hombre es muy violento o cuando ya no quieren vivir juntos. Si el hombre es el responsable de la separación, está obligado a pagar una única pensión de tres mil pesos por cada hijo y dejarle a la esposa un cuarto para vivienda hecho de cemento.

Si la esposa fue la responsable de la separación por incumplimiento de sus “obligaciones” maritales, como no limpiar la casa, no saber cocinar, no cuidar a sus hijas e hijos, o no ser virgen, hablar con otro hombre que no sea su esposo o familiar, o por tener iniciativa sexual con su marido, es devuelta a sus padres, quienes deben devolver el dinero o bienes que recibieron tras autorizar la unión.

PRESIÓN SOBRE LOS VARONES

Los hombres también sufren presión de su comunidad para efectuar estas uniones. Mariano Díaz, de 16 años de edad e integrante de la Red de Jóvenes Indígenas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, dice que es presionado por su familia.

“Mi hermano mayor se fue a Estados Unidos para conseguir dinero, para pagar nuestras mujeres; yo le hablé por teléfono y le dije que quiero estudiar la prepa, que mejor me dé ese dinero para poder estudiar y me dijo que no; que eso no es para nosotros, que ya debo mejor aprender a trabajar en el campo para ayudar a mi papá”.

“Si uno quiere ser diferente, tiene que irse de la comunidad, porque quedarse significa tener que aceptar la costumbre; yo me fui porque una vez fui al centro de salud a pedir un condón; las enfermeras anotaron mi nombre, mi dirección y al ratito ya lo sabían mis papás que fui a pedir un condón y me regañaron; me dijeron que si ya quería mujer tenía que buscarla, mantenerla y hacer mi familia”, cuenta Juan Pérez Etzin, también integrante de la Red.

Otro problema es que tanto niñas como niños pasan de la infancia a la etapa adulta sin transición; los niños son forzados a conseguir una esposa y las niñas a tener un esposo, no hay una etapa que permita a las y los menores de edad pensar qué quieren hacer con sus vidas, considera Marcos Arana, integrante del Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud.

“Es lamentable, pero el Estado mexicano no ofrece otro proyecto de vida, está fallando al no garantizar el acceso de estas niñas a la educación, a la salud, a un trabajo para poder desarrollarse, hay una condena de por vida al matrimonio y eso no sólo significa atentar contra sus derechos a elegir con quién se casa, sino también tener en cuenta que el matrimonio en contextos indígenas significa la pronta procreación”, señala Arana.

El grado promedio de escolaridad de la población indígena en Chiapas es de 3.9 años, según información del Inegi, mucho menor que el promedio estatal, 6.1 que, a su vez, es el más bajo del país.

“La educación permite primero que nada tener mayor y mejor información, posibilita tener mayor confianza, autonomía, mejores expectativas del futuro, amplía la oferta laboral, no la reduce al espacio doméstico, y también permite una mejor toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad, información y uso de métodos anticonceptivos, negociación del uso de éstos; y a mayor escolaridad, las mujeres defienden más sus derechos a decidir sobre su cuerpo, a tomar sus decisiones y a buscar una participación política”, explica Karen Padilla.

Para Arana, médico de profesión, los propios programas de gobierno alientan la maternidad como “destino” de las indígenas. Las reglas de operación de Prospera indican que la titular beneficiaria del programa generalmente es la madre de familia o quien se hace cargo del hogar; la mayoría de las veces es una mujer que debe estar pendiente de la salud y educación de las y los hijos.

El programa Prospera da montos específicos para que la beneficiaria esté pendiente de la buena alimentación de su descendencia, chequeos médicos y asistencia escolar. También los apoyos son para aquellas familias que tengan personas adultas mayores, y de forma reiterada se reproduce el rol de cuidados y servicios de las mujeres para con sus familias.

Datos del Inegi de 2015 reportaron que, en Chiapas, cinco de cada 10 hogares reciben ingresos monetarios de programas del gobierno, lo que representa el doble de la media nacional, y lo que refleja el nivel de subsistencia del estado más pobre del país.

“No hay otros proyectos para las mujeres, ni se mejoran sus condiciones económicas; se hacen dependientes de un programa que las ‘ayuda’ por ser madres; fuera de eso, no hay oportunidades de trabajo, de educación, de participación política, de inclusión”, advierte Marcos Arana.

FALTA CULTURA DE LA DENUNCIA

En entrevista en marzo pasado, la legisladora María Eugenia Pérez sostuvo que en el Congreso local se han hecho leyes que protegen los derechos de las niñas y las mujeres, por lo que ahora se requiere que haya la cultura de la denuncia, porque “es una realidad que esto (los matrimonios forzados) ocurre”.

“Elevar la edad no es suficiente para erradicar los matrimonios forzados; es necesario echar políticas públicas orientadas a la concientización y la transformación del lugar que ocupan las mujeres, adolescentes y niñas en los espacios indígenas comunitarios, pero eso no se da solo, se necesita un compromiso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, un compromiso enfocado de manera primaria a abatir la pobreza y mejorar las condiciones económicas y educativas de las poblaciones indígenas de Chiapas”, apunta el abogado David Vázquez.

Para Karen Dianne Padilla, “la ley no es suficiente ¿Cómo pretenden las autoridades que una niña, posiblemente monolingüe, pobre y amenazada, tome su camión, vaya a la cabecera municipal a poner su denuncia de que la están forzando a casarse. ¡Ajá! Y luego, quién le dará de comer, dónde va a vivir.

“Falta un programa gubernamental, organizaciones civiles que hagan el trabajo de recibir las denuncias en las comunidades y que ese trabajo sea confidencial, que se les ofrezca a las niñas garantías de protección, pero sobre todo mejores oportunidades de vida.

“Es urgente generar mecanismos de denuncia y protección para estas niñas y adolescentes; no hay monitoreos, ni estadísticas ni siquiera aproximadas que nos lleven a conocer la gravedad del problema”, alerta.

Mientras, Luz y Odilia continúan su silenciosa labor de acompañamiento y rescate de niñas y adolescentes que huyen de los matrimonios forzados, una realidad que la ley no ha cambiado ni erradicado.

**Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas.

*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx.

 

Por: Patricia Chandomí

 

Vía CimacNoticias 

 

Ante los resultados obtenidos en un ensayo clínico en etapa temprana, consistente en una propuesta de régimen de vacuna contra VIH en proceso de investigación con altos índices de seguridad y la capacidad de generar una respuesta inmune comparable a aquella obtenida en 2009, que señalaba la posibilidad de proteger a las personas de una infección del virus de inmunodeficiencia humana, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, en el marco del día por la conciencia sobre la vacuna del VIH, anunció la realización de un estudio a gran escala con la vacuna en Sudáfrica.

Bajo el nombre de HVTN 702, el estudio tiene el objetivo de determinar si el régimen es seguro, tolerable y efectivo en la prevención del VIH entre la población adulta de Sudáfrica, y se prevé, comenzará en noviembre de este año, en espera de algunas autorizaciones sanitarias pendientes.

Al respecto, Antonio Fauci, director del Instituto señaló, en comunicado de prensa, que es la primera vez en siete años que la comunidad científica se embarca en una prueba clínica de vacuna a gran escala, producto de varios años de estudio y experimentación, y consideró que una vacuna segura y efectiva para VIH puede ayudar a llegar al fin de la pandemia, resolviendo las necesidades del sur de África, donde el virus es más persuasivo que en otras partes del mundo.

Por el momento, el régimen de vacuna experimental, que será estudiado bajo el protocolo HVTN 702, está siendo aplicado en un grupo experimental más pequeño, etiquetado con la clave HVTN 100, bajo un marco de investigación similar al aplicado por el Programa de Investigación sobre VIH de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el ensayo clínico RV144, que entregó resultados favorables en Tailandia. En esta ocasión, se espera que la nueva vacuna brinde mayor protección y se adapte al subtipo de virus predominante en el sur africano.

En el caso del ensayo clínico RV144, se obtuvo como resultado una efectividad de prevención de infecciones por el virus de 31.2 por ciento, en un lapso de tiempo de 3.5 años posteriores a la aplicación de la vacuna, y tras un año de la vacunación, una efectividad superior a 60 por ciento. En esta ocasión, para el estudio HVTN702, se hará un ajuste para incrementar la magnitud y duración de la respuesta inmunológica generada por la vacuna.

Para este estudio, se enrolarán cinco mil 400 personas sin VIH, de ambos sexos, en un rango de edad de entre 18 y 35 años, en riesgo de poder infectarse con el virus y se arrojarán los primeros resultados en 2020. Estará a cargo de Glenda Gray, presidenta y directora ejecutiva del Consejo de Investigación Médica del Sudáfrica, investigadora en el área de pediatría de la Universidad de Witwatersrand en Johanesburgo y directora de la Unidad de Investigación en VIH Perinatal del Hospital Chris Hani Baragwanath de Soweto, Sudáfrica.

El régimen de vacunas del ensayo HVTN 702 consistirá en el uso de dos vacunas experimentales, una llamada ALVAC-HIV y una bivalente con la proteína gp120 con un adyuvante que permite la respuesta inmune del cuerpo con la vacuna.

Todas las personas participantes recibirán un total de cinco inyecciones a lo largo de un año y serán monitoreados de manera constante para evitar nuevas infecciones.

 

Vía desdepuebla 

 

De cara a los comicios del próximo domingo 5 de junio para integrar la Asamblea Constituyente que analizará y aprobará la Carta Magna de la Ciudad de México, las feministas hacen escuchar su voz para que la futura Constitución capitalina estipule, refuerce y garantice los derechos de las mujeres en esta urbe.

Ya sea por la vía partidista, independiente o a través de grupos civiles y sindicalistas, las mujeres han presentado una diversidad de propuestas con miras a que la ley suprema de la capital del país estipule la no discriminación y la no violencia, y preserve la conquista legal alcanzada en 2007 para decidir libremente sobre la maternidad.

La Asamblea Constituyente estará integrada por 100 diputaciones, 40 por designación y 60 electas por la ciudadanía. Su función será analizar y aprobar el borrador del texto que elabora una Comisión Redactora, integrada por 28 especialistas, de los cuales 13 son mujeres.

“CONTRATO SOCIAL DE GÉNERO”

Así por ejemplo, una de las candidatas externas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Constituyente, la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos planteó –al presentar sus propuestas en un evento organizado por el sol azteca capitalino– que el próximo texto constitucional debe ser un “contrato social de género”, que redefina normas de convivencia democrática, de desarrollo sustentable y solidario, además de los derechos de las mujeres.

Dijo que de llegar a la Asamblea pugnará porque las garantías a favor de las capitalinas estén “de manera integral y transversal, desde la primera hasta la última página” de la futura Carta Magna.

La autora de “Los cautiverios de las mujeres: madres, monjas, putas, presas y locas” tiene amplias posibilidades de lograr una curul, al ocupar el tercer lugar en la lista de candidaturas del PRD.

Lagarde es ampliamente reconocida como una de las principales teóricas del feminismo en México y América Latina. En 2003 fue diputada federal por el sol azteca y desde el Congreso redactó y promovió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se estipulan el delito de feminicidio y la Alerta de Violencia de Género (AVG), actualmente en operación en los estados de México, Morelos y Jalisco.

La también docente de la UNAM y fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres destacó que en la Constitución debe asentarse la obligación del gobierno local de realizar acciones puntuales y eficaces, para eliminar la desigualdad, la “supremacía masculina y la subordinación de las mujeres”.

A decir de la experta en género, la Carta Magna capitalina deberá incluir el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y vidas, a la participación política en igualdad, a la educación y comunicación libre de estereotipos, a una vida libre de violencia, y a la libre expresión de ideas y de manifestación.

Marcela Lagarde acotó que algunas mujeres en la urbe ya gozan de los derechos sexuales, sociales, económicos, políticos o culturales alcanzados en la ciudad, pero otros son derechos aún anhelados y necesarios, que no goza la mayoría de las capitalinas.

La antropóloga también dijo que la Constitución será redactada con un lenguaje incluyente y respetuoso de la diversidad.

INDEPENDIENTES EN LUCHA

En el mismo tenor, las feministas y candidatas independientes Elsa Conde Rodríguez y Orfe Castillo Osorio, titular y suplente respectivamente, informaron que su plataforma de campaña se sustenta en tres ejes: autonomía económica, reproductiva y política para las mujeres.

Este lunes 16 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral otorgar el registro a ambas aspirantes, luego de que en un primer momento el INE invalidó las miles de firmas de apoyo ciudadano presentadas por Elsa Conde y Orfe Castillo, para acceder a las candidaturas independientes.

Conde fue diputada federal por el Partido Alternativa Social Demócrata y militó en México Posible, y ahora es integrante de la Red Mujeres en Plural y de otras campañas feministas.

En tanto, Orfe Castillo fue directora de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y actualmente forma parte de Asociadas por lo Justo y de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Fue también funcionaria en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Entre sus propuestas rumbo a la Constituyente, destaca la inclusión de principios ya vigentes en la ley como el Estado laico, y derechos en la ciudad como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, así como el matrimonio entre las personas del mismo sexo.

Igualmente, las candidatas han remarcado su posición a favor de los derechos sexuales y reproductivos, la libre orientación sexual, y políticas para conciliar la vida laboral y familiar, así como las escuelas de tiempo completo, todo a favor de las mujeres.

Ambas feministas apuestan a que la Carta Magna contemple principios rectores que se desarrollen luego en leyes secundarias en temas como la denuncia ante el acoso u hostigamiento sexual, o las políticas de movilidad y de justicia con visión de género.

DERECHOS LABORALES SIN REGATEOS

En paralelo, activistas y sindicalistas feministas propusieron que la próxima Constitución Política de esta capital estipule el derecho al trabajo digno, la igualdad sustantiva, la no violencia y el acceso a la justicia laboral para las mujeres.

Integrantes de la Campaña Trabajo Digno y la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) entregaron a Porfirio Muñoz Ledo, miembro de la Comisión Redactora de la Constitución local, una propuesta ciudadana sobre derechos laborales con enfoque de género.

Norma Malagón Serrano, de la RMS, resaltó cuatro ejes primordiales que deberían quedar plasmados en la Constitución: el derecho al trabajo digno, la igualdad sustantiva, la no violencia, y el acceso a la justicia laboral.

La sindicalista advirtió que otras propuestas en materia laboral rumbo a la Constituyente han omitido la necesidad de garantizar la estabilidad en el empleo para las trabajadoras, lo que se traduciría en hacer efectivo el acceso a la seguridad social para todas, y evitar despidos injustificados.

“Estos temas constituyen la raíz de la desigualdad laboral y salarial que enfrentan las mujeres”, observó la experta en Derechos Humanos laborales.

Asimismo, para integrantes de la Campaña Trabajo Digno otro tema ausente en las propuestas es el acceso a la justicia laboral con enfoque de género. Y es que –señalaron– las instancias judiciales juzgan todos los casos de hostigamiento sexual, despido por embarazo o violencia laboral como despidos injustificados, lo que “invisibiliza” las causas que originan estos abusos.

Y es que según datos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, en 2015 cerca de 10 mil solicitudes de asesoría por abusos laborales fueron de mujeres; más de 5 mil correspondieron a trabajadoras de entre 31 y 60 años, y más de 6 mil fueron de empleadas con un ingreso inferior a los tres salarios mínimos.

En los casos considerados como “especiales de género” se reportaron asesorías para trabajadoras del hogar, mujeres hostigadas, despidos por embarazo y discriminación.

Otra propuesta de la Campaña Trabajo Digno es que la Constitución reconozca para las trabajadoras del hogar remuneradas todos los derechos que establece el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre seguridad social obligatoria y prestaciones, garantías que a nivel federal son negadas ante la falta de ratificación del Estado mexicano a ese convenio.

 

Con información de Anayeli García Martínez y Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Por: Rafael Maya Barradas

 

Vía CimacNoticias