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Los nombres de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez se guardan en los versos de los poemarios, en los colores de los murales, y en la solemnidad de las decenas de placas y esculturas que han convertido a esa urbe fronteriza con Estados Unidos en un recinto para honrar la memoria de las víctimas de feminicidio.

Con todo, la violencia de género, la impunidad y el desdén gubernamental continúan en esa localidad del estado de Chihuahua. 

Desde hace 22 años –en 1993, cuando comenzaron a ser visibles los asesinatos de mujeres–, pequeños colectivos y activistas decidieron honrar la memoria de las jóvenes desaparecidas y asesinadas, recordando sus nombres y plasmando con arte la indignación por los brutales crímenes.

Con poemas para no olvidar, murales para exigir justicia, canciones para dar esperanza, y obras de teatro para concientizar, la sociedad civil juarense hizo eco de las historias de esas mujeres trabajadoras, estudiantes, madres, hijas o hermanas, la mayoría violentadas sexualmente, ultimadas y abandonadas en el desierto, lotes baldíos o arrojadas en basureros.

Este año se sumará una obra más: un mural planeado por la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, diseñado por Ricardo Castillo, basado en la idea original de Itzel González, en el que se escribirán los nombres de 46 mujeres asesinadas en 2015, colocados en medio de los trazos de flores del desierto.

Este mural sólo es para las víctimas del año pasado, pero entre los homenajes ya realizados anteriormente está un memorial que construyó el Estado mexicano por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancia que en diciembre de 2009 encontró responsable al país por no garantizar justicia a tres víctimas de feminicidio en Juárez.

En un acto oficial de contrición, en agosto de 2012, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, inauguró un conjunto de placas que explican qué es el feminicidio, y una escultura donde una figura femenina sostiene un lienzo con los nombres de todas las mujeres víctimas conocidas hasta ese año.

Desde entonces, la Red Mesa de Mujeres y otras activistas subrayaron que sin castigo a los responsables, aquel memorial –erigido en el predio conocido como “Campo Algodonero”, donde en 2001 fueron encontrados los restos de ocho mujeres–, sólo reflejaba la impunidad, ya que las familias siguen reclamando y visibilizando el feminicidio que no cesa.

Desde años previos, el feminicidio movilizó a las y los artistas, y así surgieron las cruces de madera pintadas de color rosa con los nombres femeninos, hasta obras más elaboradas que aunque no llevan los nombres de las víctimas, les rinden un homenaje. Tal es el caso de la antología “Girasoles, sueños y palabras”.

En febrero de 2015, 10 mujeres poetas originarias de los estados de Chihuahua y San Luis Potosí publicaron una antología de 110 poemas.

Otra obra que se inspiró en el horror de la violencia feminicida fue el  poemario “Jirones y Arena”, de la poeta y escritora Alma Rosa Tapia, quien escribió 27 textos publicados en 2011 ante el coraje por la impunidad a la que se han enfrentado las víctimas de la localidad fronteriza, y tras conocer el caso de una niña asesinada encontrada en un tambo con cemento.

También está el trabajo de Elina Chauvet, creadora de la instalación artística “Zapatos rojos”, que nació en 2009 con la exposición abierta de 33 pares de zapatos rojos como símbolo de la sangre de las mujeres y de la esperanza por encontrar la justicia.

Mientras los murales, poemas, canciones y performances se siguen sumando, las mujeres en Juárez siguen siendo asesinadas a pesar de la sentencia de la CoIDH, que entre otras reparaciones determinó que el Estado mexicano debería garantizar que casos similares no se vuelvan a repetir.

Según la base de datos de feminicidio de El Colegio de la Frontera Norte, de 1993 a 2005 se registraron 442 asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez.

Para evitar más crímenes de género, el gobierno mexicano –de acuerdo con la sentencia de la CoIDH– debería estandarizar protocolos y criterios de investigación, servicios periciales, y de impartición de justicia; implementar un programa de búsqueda y localización de mujeres; y actualizar la base de datos con información genética de las personas desaparecidas, entre otras acciones.

Aunque la violencia no ha logrado mover a las autoridades para castigar a los culpables y evitar más crímenes contra las mujeres, las activistas y artistas siguen trabajando para honrar a aquellas a quienes les arrebataron la vida, presentando obras para que el feminicidio no se convierta en un mito, sino en un flagelo que se debe erradicar.

 

Por Anayeli García Martínez

 

Vía CimacNoticias 

 

Por considerar que son insuficientes las medidas que se han tomado en el tema del feminicidio, la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Erika Araceli Rodríguez Hernández, propone cambios en el Código Penal Federal.

Plantea incluir un artículo 325 Bis que contemple la definición de “violencia feminicida”, conforme a lo establecido en los instrumentos y convenciones internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres suscritos por el Estado y tuteladas en la Constitución.

Esta figura, explicó, se entendería como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas, que infringen su seguridad y ponen en riesgo su vida y que pueden conllevar impunidad social y del Estado, cuando exista tentativa y/o culminación en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Con esta reforma, argumentó, se sentarían las bases para la puesta en marcha de protocolos y planes de acción para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia por parte de los servidores públicos en la atención inmediata.

La legisladora priista aseguró que la erradicación de la violencia también requiere estudios que permitan dar cuenta y discernir sobre las aristas de este grave problema, los logros, obstáculos y retos, para garantizar que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia y prevenir el delito de feminicidio.

De igual modo, externó, la iniciativa plantea reformar y adicionar las fracciones XIX, XX y XXI, recorriéndose la fracción XIX a la XXI, del artículo 14 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, a fin de establecer la facultad de diseñar e implementar planes de acción para prevenir los tipos y modalidades de violencia contra las mexicanas, previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

También, para dictar lineamientos desde la perspectiva de derechos humanos y género, con el propósito de que los gobiernos estatales formulen e implementen los protocolos de actuación en materia de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida.

Indicó que el Código Penal Federal desde el 2012, mandata tipificar el delito de feminicidio.

Sin embargo, agregó, que Aguascalientes, Chihuahua, México y Nayarit, lo plasman como homicidio calificado. Mientras que en Baja California Sur, Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero y Durango lo consideran sólo como una agravante del homicidio doloso.

En el Distrito Federal, Morelos y Durango, dijo, el delito y las penas se agravan cuando entre “el activo y la víctima” hay relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral, de confianza o cualquiera que implique subordinación o superioridad.

 

La diputada Erika Rodríguez precisó que el Código Penal Federal establece en el artículo 325 que comete el delito de feminicidio “quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y que a quien cometa dicho delito se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión, y de quinientos a mil días multa”.

 

Vía Diario de México 

 

En la escuela de mi hija y mi sobrino hacen asamblea cuando tienen que hablar de algo que les molesta como grupo. En esa ocasión, hubo algo muy serio que discutir:

Un niño, emulando a Mauricio Garcés, le decía a las niñas: “¡Arroz!” Como suele suceder, los demás (incluido mi sobrino), repetían el “chiste”, entre risas, sin saber qué quería decir. En un momento, a alguno se le ocurrió preguntarle porqué les llamaba así a las niñas, y el chico les respondió: “repitan varias veces arroz”...

Sí, mamás y papás que están leyendo esto: la palabra que se forma al repetir varias veces “arroz” es ZORRA.

Y ese niño, que no lo ignoraba, llamaba así a sus compañeras. Y a una en específico.

Por eso, mi sobrino propuso que el tema se tratara en clase. Hubo una discusión y el chico tuvo que pedir disculpas a sus compañeras, y los que se habían sumado a la “broma” sin saber de qué se trataba, también. Mi sobrino lloró porque se sintió muy mal de haber ofendido a las niñas, pero al final todo se arregló. Al menos por esta vez.

Algun@s de quienes estén leyendo esto dirán:

“Pero ¿por qué tanto escándalo si es una broma de niños?” Bueno, pues afortunadamente en la escuela de mi sobrino y mi hija estas cosas se toman muy en serio. Y estoy de acuerdo.

Estas “bromas” sólo normalizan la violencia de género y no me cabe la menor duda de que escalan a cosas mayores.

El 26 de mayo de 2015, el colega Arturo Ángel escribió en Animal Político: “En seis años más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México y casi la mitad de ellas con armas de fuego. Esto ubica a nuestro país, junto con otras nueve naciones latinoamericanas, entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo y en el top ten de los que se cometen con disparos de armas”.

Más adelante, proporcionó el dato de que “apenas 25 países acumulan la mitad de todos los crímenes de mujeres en el planeta”. México, entre ellos.

El Observatorio Ciudadano del Feminicidio, una organización no gubernamental, ha publicado varios informes en los que consigna cómo la violencia contra las mujeres, lejos de decrecer, aumenta de forma alarmante en Chihuahua, Guerrero, Estado de México, DF, Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Nuevo León, Jalisco y Puebla. Las “bromas” misóginas no son un inocentes. Detrás de cada una existe una amenaza velada.

A los hombres se les suele criar bajo la creencia de que es divertido hacer o reírse de chistes de corte sexual que denigran a las mujeres y a los homosexuales. Y a las niñas, con la idea de que como “son bromas”, no pasa nada. Pero sí pasa.

Esto es serio, porque normaliza la violencia, la convierte en un chiste, y no debemos permitirlo. Hay que reprender con seriedad a nuestros hijos si los descubrimos haciendo “bromas” de este tipo, y a nuestras hijas advertirles que no deben permitir que les hagan este tipo de “bromas”, y por supuesto, que ellas no deben hacerlas tampoco.

 

Por Irma Gallo

 

Vía El Gráfico 

 

 

Un siglo después del Primer Congreso Feminista en Yucatán –que derivó en la aprobación del sufragio femenino y la educación científica para las mexicanas–, el movimiento amplio de mujeres enfrenta el reto de hacer efectiva la interrupción legal del embarazo (ILE) y erradicar la violencia feminicida en el país.

En pleno auge constituyente que permeó los años finales de la Revolución Mexicana, el 13 de enero de 1916 el Teatro Peón Contreras, en Mérida, Yucatán, abrió sus puertas para recibir por primera vez a decenas de mujeres –profesoras, masonas, liberales, conservadoras y socialistas–, quienes discutieron durante el Primer Congreso Feminista los “problemas sociales y educativos” que interesaban a las mujeres de aquella época.

Las primeras resoluciones para modificar normas civiles de esos años en la entidad henequenera rindieron avances en cuanto a las garantías femeninas vinculadas a la maternidad y al rol de esposas.

Si bien esos logros no hacían eco de las demandas de las mujeres más progresistas que pedían el reconocimiento de sus derechos políticos y una educación sexual integral, los resultados no fueron de poca importancia para una sociedad que hasta entonces negaba a las mujeres la patria potestad de sus hijas e hijos, y permitía su emancipación hasta después de los 30 años de edad.

Aunque no fueron aprobadas, las proclamas sobre el sufragio femenino se leyeron en el cierre del Congreso –el primero en su tipo en la historia de México– frente al general Salvador Alvarado (entonces gobernador de Yucatán y promotor del evento) por insistencia de las feministas a fin de dejar precedentes.

EL SUEÑO DEL SUFRAGIO

Las mujeres que participaron en ese Primer Congreso –reminiscencia de las que estuvieron en la lucha revolucionaria, de las pioneras ilustres en Estados Unidos y del legado de la yucateca Rita Cetina (fundadora de la primera escuela para mujeres)– permanecieron juntas los años siguientes para seguir convocando a la población femenina a celebrar más encuentros y debates.

Así, el primer gran logro del Congreso fue abrir el acceso a la esfera pública para las mujeres, quienes se mostraron entusiasmadas de participar porque ya estaban hartas de ser confinadas a la casa, señaló en entrevista con Cimacnoticias Piedad Peniche, historiadora yucateca.

Si bien en esa época no se habló del aborto, sí se discutió la importancia del conocimiento científico y la enseñanza de la biología –prohibida como materia para las profesoras desde un siglo antes– para la vida y la liberación de las mujeres, relató la experta.

Además, este Congreso fue la antesala para que años después Elvia Carrillo Puerto –promotora del voto femenino– retomara y abanderara la discusión del derecho de las mujeres al sufragio y a ocupar cargos públicos, así como otras ideas “más exóticas” que no tuvieron buen recibimiento entre toda la población femenina, abundó Peniche.

Y agregó: “Todo quedó como precedente de la idea, la ambición y el sueño del sufragio de las mujeres que habría de hacerse realidad en los años siguientes”.

En efecto, en noviembre de 1916, como respuesta al Primer Congreso, se aprobó otorgar el voto femenino en elecciones municipales en Yucatán, pero se denegó la posibilidad de que ellas fueran electas a cargos de elección. Para 1923 tres mujeres ya habían conseguido ser diputadas locales.

Un año antes de que culminara el siglo XIX, se consolidó la Liga Feminista de Rita Cetina Gutiérrez –en honor a la autora de la revista La Siempreviva, considerada cuna del feminismo en México–, y se consiguió que una mujer, Rosa Torres, fuera la primera regidora del ayuntamiento de Mérida, capital de Yucatán.

En los gobiernos posteriores al de Francisco I. Madero –prosiguió la historiadora Piedad Peniche–, el movimiento feminista se fragmentó en intereses individuales. Elvia Carrillo Puerto incluso fue perseguida por sus ideas a favor del aborto, la libertad sexual y el control de la natalidad.

Las maestras, por ejemplo, siguieron manifestándose para exigir únicamente sus derechos laborales, pero ya no hubo una conciencia colectiva, además de que se luchó por intereses “prácticos (como la construcción de escuelas y carreteras), pero no estratégicos (como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo)”, precisó.

Ya a finales del siglo XX, el progreso de las mujeres en la política yucateca fue arrebatador y tuvo como ejemplo destacado a Dulce María Sauri Riancho, quien en 1982 fue diputada federal, luego presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), primera gobernadora de la entidad, integrante del Consejo Nacional de la Mujer, coordinadora de la Comisión de la Mujer, y presidenta nacional de su partido.

Más yucatecas siguieron desfilando por los puestos de diputadas locales, federales, presidentas municipales, gobernadoras y hasta senadoras. Al menos de 1981 a 2001, 725 mujeres consiguieron ser regidoras en la entidad.

ENFRENTAR LA VIOLENCIA

La historiadora aseguró que desde el siglo pasado quedaron pendientes temas que siguen en auge y que en 100 años no se han traducido en derechos para todas las mexicanas, principalmente sobre la garantía de decidir sobre sus cuerpos y la maternidad.

Se suma que la violencia de género “es tremenda” y que el feminicidio es el pan de cada día, por lo que si este 2016 vuelven a reunirse las feministas, ambos flagelos deberían ser los primeros temas a discutirse, subrayó la especialista.

 

En ello coincidió Brenda Ortiz, integrante de Reflexión y Acción Feminista –organización integrada principalmente por mujeres jóvenes–, quien señaló en entrevista que la discriminación y la violencia de género siguen perpetuando las relaciones desiguales y de poder entre los sexos.

Como ejemplo, la activista explicó que más de 200 mujeres respondieron a una convocatoria que presentó su organización para participar en un taller de defensa personal.

Ahí, cada joven explicó en mensajes en redes sociales las distintas formas de violencia que padecen, principalmente el acoso callejero, lo que las obliga a buscar distintas formas para protegerse.

Además, en los meses recientes ya suman cinco casos de feminicidio en Yucatán, sin que los medios de comunicación informen con apego a los Derechos Humanos (DH) y sin que las autoridades locales sepan cómo investigarlos, observó Ortiz. 

Consideró que los logros del Primer Congreso Feminista respecto al voto femenino están “estancados parcialmente”, porque muchas mujeres no participan políticamente.

La joven activista también apuntó que entre las personas que este año conmemorarán los 100 años del Primer Congreso Feminista en Yucatán hay una brecha generacional muy amplia, ya que una parte de las participantes tienen 50 años de edad y el resto tiene alrededor de 20 años.

Ortiz consideró que hubo una época en la que las mujeres –que ahora tendrían entre 30 y 40 años de edad– no se movilizaron ni se organizaron políticamente como en los años del Primer Congreso Feminista porque, entre otras razones, los procesos migratorios y los gobiernos conservadores impidieron su desarrollo.

Sin embargo, las más jóvenes, las feministas actuales, se muestran de nuevo muy interesadas en el movimiento y lo están reimpulsando como una forma de resistir ante los embates que les presenta vivir a diario en un contexto de violación a sus DH.

 

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

 

Vía CimacNoticias 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob), anunciaron la integración del Grupo de Trabajo –conformado por cuatro expertas– que investigará la violencia feminicida en el estado de Quintana Roo (QR).

Las dependencias publicaron los resultados de la convocatoria que se lanzó en noviembre pasado, luego de que grupos civiles evidenciaran que en 2013 hubo 14 asesinatos de mujeres, en 2014 fueron 51, y en 2015 se contaron ocho, según la Procuraduría General de Justicia del estado.

De acuerdo con medios locales, el 4 de diciembre de 2015 el Inmujeres solicitó declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado, específicamente en los municipios de Benito Juárez (que corresponde al centro turístico de Cancún), Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

Además en noviembre del año pasado la titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), María Hadad Castillo, anunció para 2016 una “gran cruzada contra la violencia de género” en la entidad.

A decir de la funcionaria, para esas actividades habría recursos públicos, acciones preventivas, mayor capacitación a jueces y agentes del Ministerio Público, y reformas a las leyes locales de Igualdad, Discriminación, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como al Código Penal estatal.

De acuerdo con la información oficial, en la categoría de investigador a nivel nacional, las instituciones eligieron a Carolina Herrera Rodríguez, representante del Instituto Universitario de Puebla, y a Geru Aparicio Aviña, representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Herrera Rodríguez es licenciada en Derecho, maestra en criminalística y doctorante en Derecho Penal; en la actualidad estudia una maestría en Derechos Humanos (DH), Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica.

Aparicio Aviña es licenciada en Psicología Clínica y ha cursado especialidades en temas como criminología, tanatología e intervención en crisis, así como juzgar con perspectiva de género, entre otras.

También fueron designadas como investigadoras a nivel estatal Alejandra Aguirre Crespo y Yunitzilim Rodríguez Pedraza, ambas representantes de la Universidad de Qintana Roo.

Aguirre Crespo es licenciada en Medicina General, maestra en Salud Pública, y profesora investigadora en temas como violencia de género, violencia obstétrica y violencia en el contexto universitario.

Rodríguez Pedraza es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y amparo, cursa el doctorado en Derecho, y es profesora investigadora en temas como constitucionalismo, DH y violencia de género.

 

El Grupo de Trabajo deberá investigar y una vez que termine sus indagaciones entregará un informe al gobierno de Quintana Roo, en el que incluirá recomendaciones que las autoridades estatales deben cumplir para atender el contexto de violencia contra las mujeres.

 

 Vía 24Horas 

 

A dos meses de haberse presentado los últimos resultados del estudio LATTE 2, que evaluaba el uso de la combinación compuesta por cabotegravir (un antirretroviral en investigación) y rilpivirina, en una formulación inyectable de administración mensual o bimestral, las farmacéuticas ViiV Healthcare y Janssen anunciaron el comienzo de los ensayos clínicos de fase III de dicha formulación.

Los resultados presentados el pasado noviembre indicaron que a 32 semanas de tratamiento, los niveles de eficacia tanto de la versión inyectable mensualmente como la de administración bimestral fueron similares a los observados tras la administración diaria de la combinación de los fármacos por vía oral.

En aquella ocasión, se obtuvieron registros de 309 personas con VIH sin experiencia en tratamientos y recibieron en un primer momento  regímenes formados por tres fármacos administrados diariamente por vía oral, de los cuales uno era cabotegravir (30mg, una toma diaria) y los otros dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido (ITIN), y posteriormente inyecciones mensuales de cabotegravir y rilpivirina o inyecciones bimestrales de cabotegravir y rilpivirina, casi 95 por ciento presentó una carga viral indetectable.

De acuerdo con las anotaciones del equipo de científicos, tras 32 semanas de tratamiento, 94 por ciento de quienes recibían inyecciones mensuales de cabotegravir y rilpivirina tenían una carga viral indetectable, al igual que 95 por ciento de quienes las recibían de forma bimestral. En ese mismo momento, el porcentaje de personas con carga viral indetectable en el grupo que había seguido con el tratamiento de administración oral era de 91 por ciento.

Si los resultados continuarán siendo positivos, se obtendría la aprobación por parte de las autoridades sanitarias del uso de la terapia antirretroviral inyectable para su comercialización.

Cabe recordar que el Programa Conjunto de las Naciones para el VIH/sida (Onusida), señaló en septiembre de 2015, durante una visita a América Latina que la disponibilidad de un tratamiento inyectable contra el VIH podría ser una realidad a partir de este año, lo cual significaría una avance notable debido a que sería un esquema terapéutico que reduciría de manera sustancial la cantidad de fármacos a ingerir por parte de una persona con VIH.

 

El tratamiento está compuesto por  cabotegravir , un inhibidor de la transferencia de cadenas de la integrasa (INSTI) cuya función es bloquear el funcionamiento de una enzima presente en el VIH, llamada integrasa, para evitar la reproducción del virus en el cuerpo, y rilpivirina, un inhibidor no nucléosido de la transcriptasa inversa (ITINAN) empleado en el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en pacientes adultos que no han recibido tratamiento antirretroviral.

 

Vía NotieSe 

 

La organización civil Formación y Capacitación (Foca) –defensora de los derechos sexuales de la población femenina– abrirá este mes el primer Centro de Derechos de Mujeres Migrantes en la ciudad chiapaneca de Comitán.

Araceli Méndez, encargada del área de Género y Migración de Foca, dijo en entrevista con Cimacnoticias/Revista Enheduanna que esta organización nació hace 19 años por la iniciativa de tres personas fundadoras: Diana, Blanca y Abelardo, quienes tenían como principal objetivo trabajar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en las comunidades simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Sin embargo, desde hace 10 años empezaron a enfocar su trabajo en mujeres migrantes, y desde entonces impulsaron esfuerzos conjuntos para crear la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración.

Tal red, que actualmente se encuentra en proceso de capacitación y formación, integrará el próximo Centro de Derechos de Mujeres Migrantes (según su nombre tentativo), que planea abrirse este mes y cuya sede estará en Comitán.

En la nueva instancia se atenderán casos de mujeres migrantes a quienes se les han violentado sus derechos. Este esfuerzo –precisó la activista– se coordina con otra organización de mujeres que trabaja en la defensa de los derechos femeninos en esa ciudad fronteriza con Guatemala desde hace 20 años.

La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración está conformada por 35 organizaciones que tienen sus sedes en Centroamérica y en el centro de México, y trabajan por los derechos sexuales de las migrantes que –a decir de Araceli Méndez– es “una problemática muy fuerte” que apenas se empieza a visibilizar.

“Hasta hace poco sólo se hablaba de migración de varones, no se visibilizaba la migración de mujeres, niños y niñas, familias completas, y niños y niñas que viajan solas”, explicó la defensora.

Desde la experiencia de trabajo de Foca con mujeres migrantes, las razones principales por las cuales ellas emigran “no sólo es lo económico, sino la violencia en los países centroamericanos y en general la violencia sistemática”, apuntó Méndez.

Y señaló que “en los casos que nos ha tocado atender (la razón por la que emigran las mujeres) ha sido principalmente por falta de recursos económicos y por violencia, por eso emigran pero encuentran también que el ‘sueño americano’ es un infierno”.

Por ello, el trabajo que Foca ha impulsado en México a través de la Red Mesoamericana ha sido la conformación de una red de mujeres defensoras de sus derechos, a fin de que la repliquen en sus comunidades en Guatemala y Chiapas.

La responsable del área de Género de Foca abundó que quienes llegan a los talleres que imparten son mujeres que han emigrado, ya sea que han llegado a Estados Unidos o a México.

“Algunas trabajan por los derechos en organizaciones, pero la mayoría han pasado por esa experiencia. A través de la Red Mesoamericana las vamos detectando y las vamos invitando para que colaboren”, señaló.

 

Asimismo explicó que Foca, con sede en San Cristóbal de Las Casas, también cuenta con el área de Salud Sexual y Reproductiva en la que “estamos trabajando con parteras profesionales y tradicionales, defendiendo los derechos de la partería”.

 

Por Valeria Valencia

 

Vía CimacNoticias