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Un espectacular en una lona de casi cuatro metros de alto colocado sobre la fachada de una delegación del IMSS resume la actitud del Estado frente al embarazo en las adolescentes: dejar la responsabilidad en las mujeres y omitir la violencia sexual contra las niñas en el país.

La propaganda dice: “1 de cada 2 mujeres que inicia su vida sexual antes de los 15 años se embaraza”, y está en toda la fachada de la delegación del IMSS en Campeche, pero forma parte de una campaña nacional contra el embarazo en adolescentes. Y no es casual ni accidental el uso de la palabra “contra”.

Con el título “Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes. Una aproximación a los factores culturales, sociales y emocionales a partir de un estudio en seis países de la región”, se presentó un informe que pretende explicar los factores que contribuyen a las altas tasas de embarazo en la población adolescente, y este documento aporta datos muy relevantes que tendrían que ser incorporados a las políticas públicas.

Según este informe, que el IMSS y el equipo –que diseñó la estrategia basado sólo en números– no debe conocer, en estas edades el embarazo “suele ser producto” de la violencia sexual, dado que las adolescentes están “expuestas a condiciones de alta vulnerabilidad, entre ellas a varios tipos de violencia y riesgos”.

El anuncio del IMSS forma parte de la criminalización que desde las políticas públicas equivocadas se ha hecho del embarazo en las adolescentes, porque sí, en esa política pública institucionalizaron la responsabilidad en las mujeres de 15 años, a las que de golpe y discurso se les suprime su condición de niñas y se invisibiliza la responsabilidad que el otro tiene en el embarazo, que siempre es de dos.

O al menos eso creíamos hasta que el IMSS viene a decirnos que las “mujeres se embarazan”, es decir son mujeres y ya toman sus decisiones, y deciden embarazarse con todo lo que eso implica.

Eso nos lleva a pensar en la tarea que desde la sociedad civil tenemos por delante para hacer ver esos gravísimos errores que se convierten o son reflejo de los discursos institucionales.

En defensa de la campaña, precisan algunas personas, “esas son las cifras oficiales” y reiteran que se pierde de vista que para hacer una estrategia para lo que consideran un problema de suma importancia, carecen de la perspectiva de género para su desarrollo, y de la sensibilidad para entender que no puede hablarse del embarazo porque “ellas se embarazan”.

No es de sorprender que las personas que tenemos perspectiva de género o las mujeres lo leemos y sabemos que algo está mal. Muy mal. Es inaudito que se utilicen recursos públicos para una campaña que criminaliza, discrimina y sobre todo naturaliza hechos de violencia contra las niñas.

Desde la perspectiva feminista partimos de que el embarazo en adolescentes entraña una responsabilidad compartida en los casos en los que hay consentimiento, aun así al ser menor de 18 años están implicados contextos, en la gran mayoría de las veces, de abuso contra las niñas.

Donde ellos ven adolescentes embarazadas, nosotras vemos niñas que pudieron ser víctimas de abuso. El 80 por ciento de los embarazos en adolescentes está relacionado con abuso. Y las niñas no “se embarazan solas”.

Una estrategia de prevención del embarazo en adolescentes no se debe hacer desde la improvisación, además sin perspectiva de género que no es poner “a” en las palabras y mucho menos culpar a las mujeres como responsables de los embarazos.

Pero lo más preocupante es que se les vea como mujeres a las que se les demanda responsabilidad sobre su sexualidad, pero se les condena a la minoría de edad al no tener acceso a los métodos anticonceptivos, principalmente los de barrera para prevenir el VIH, acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia, y por supuesto a la interrupción legal del embarazo al despenalizar y ampliar las excepciones.

No es posible que se sigan gastando recursos públicos en actos que claramente violan los Derechos Humanos y la dignidad de las mujeres y las niñas.

 

Por Argentina Casanova, integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

 

Vía CimacNoticias 

 

Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas referentes a la violencia de género y el respeto a los derechos de las mujeres deben participar en la implementación de la alerta de género, mecanismo recién aprobado por unanimidad en la LXII Legislatura. La coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), Mariana Ávila Montejano, apuntó que si la ciudadanía no participa de dichos procesos, podría resultar en un simple ejercicio de simulación por parte de las autoridades gubernamentales.

El diputado promovente de la propuesta de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, para la adhesión del mecanismo de alerta de género se reunió con las integrantes del OVSG hace aproximadamente un año para presentarles la iniciativa. Para las integrantes del observatorio y de otras organizaciones civiles, la aprobación de la propuesta significa un gran avance en la lucha por la igualdad de géneros y la erradicación de la violencia.

Para la ciudadanía organizada el siguiente paso es la tipificación del feminicidio como un delito autónomo: “Hace un año el diputado Montañez nos presentó en una reunión con el OVSG este trabajo legislativo que estuvo impulsando de implementar la figura de alerta de género, que es una herramienta que han buscado diversos grupos de mujeres en materia feminista como una respuesta de política pública y de acciones urgentes ante la violencia feminicida y de género que existe en el país. Es un avance importante de posicionar el tema de violencia de género en la agenda legislativa y política del estado, esperamos que el consenso que se logró por parte de todas las fuerzas políticas del estado también se pueda lograr para impulsar la tipificación adecuada del feminicidio como un delito autónomo, con la finalidad de visibilizar esta violencia feminicida que justo es la que se denuncia a partir de que se solicita una alerta de género”.

Ávila Montejano se dijo preocupada por el proceso burocrático mediante el cual la alerta de género podría ser implementada en el estado: “La alerta no plantea la participación activa de las organizaciones. Y al activarla el secretario de Gobierno, sin participación de las organizaciones, nos preocupa se preste a la simulación. Sin duda avanzamos en la armonización pero preocupa la ausencia de los hilos finos de la perspectiva de género y del derecho en igualdad. No olvidemos que la violencia sistemática es producto de las omisiones y de la complicidad de las instituciones para garantizar el derecho a una vida libre de violencia”.

Agregó que la solicitud de las organizaciones civiles será formar parte del comité que generará el diagnóstico para la implementación de la alerta, y se exigirá al estado destinar un presupuesto especial para el funcionamiento de la misma: “Queremos formar parte de la instalación del comité de expertos y expertas que se estaría conformando a partir del diagnóstico que presente la autoridad para solicitar la alerta de género. Y que en ese comité se incluya de manera activa la participación de organizaciones de la sociedad civil, de académicas e investigadores, y no solamente de funcionarias de gobierno estatal. La otra es que tenga un reglamento y presupuesto para que no quede en una carta de buenas voluntades. Que se corra el riesgo de no poderse aplicar porque no hay fondos”.

 

Por Mónica Cerbón

 

Vía La Jornada Aguascalientes 

 

El virus del Zika se ha expandido por 26 países de América Latina y el Caribe está aterrorizando a las mujeres embarazadas, a sus familias y parejas, pues al parecer puede provocar microcefalia: una afección que hace que la cabeza de una persona sea mucho más pequeña de la media.

Además de la aparente relación entre el Zika y la microcefalia, la información sobre cómo prevenir, atender y detectar es escasa e inexacta, y la detección es sumamente complicada. Sólo una de cada cinco personas infectadas presenta algún tipo de síntomas. Ochenta por ciento nunca tuvieron síntomas. Los exámenes de sangre para detectar el virus sólo funcionan en la primera semana después de contraído. Y para detectar la microcefalia es necesario realizar un ultrasonido, pero esta afección sólo puede detectarse al final del segundo trimestre de embarazo.

Ante el panorama adverso que el Zika ya representaba para la región de América Latina y El Caribe, los gobiernos de algunos países como Brasil, Colombia, El Salvador y Ecuador han tomado una postura absurda y violatoria de derechos humanos: pedir a las mujeres que eviten embarazarse durante los próximos seis meses a dos años para prevenir la microcefalia. Esta reacción ha desatado un debate acerca del acceso al aborto, a métodos anticonceptivos y la educación sexual: temas fundamentales de salud pública.

Por un lado, estas declaraciones de los diferentes gobiernos de la región violan los derechos reproductivos de las mujeres, en específico, atentan contra el derecho a fundar una familia, el derecho a decidir el número e intervalo de los hijos, el derecho a la salud, el derecho a la vida privada y el derecho a la información.

Por otro lado, la crisis que ha causado el virus Zika ha evidenciado la precariedad de los derechos reproductivos de las mujeres en esta región. En América Latina y El Caribe la mitad de los embarazos de las mujeres no son planeados; el acceso a los anticonceptivos está aumentando, pero sigue siendo reducido para las adolescentes y las mujeres en situación de pobreza; y sus políticas de acceso al aborto son las más restrictivas en el mundo. El 97% de las mujeres en América Latina y el Caribe que se encuentran en edad reproductiva viven en lugares en donde las leyes sobre el aborto son altamente restrictivas. En El Salvador, Nicaragua, Honduras, Chile, República Dominicana, Haití y Surinam el aborto está penalizado bajo cualquier condición. Sin embargo, de acuerdo con el Guttmatcher Institute, en América Latina y El Caribe se realizan 4.4 millones de abortos al año y 95% de éstos se realizan en condiciones inseguras.

Los gobiernos latinoamericanos y del Caribe han abandonado una vez más a las mujeres ante una situación complicada, ya que los escenarios posibles son:

 

No deben embarazarse, pero no hay acceso a anticonceptivos para todas.

En caso de ya estar embarazadas, no hay acceso a aborto legal y seguro.

Quienes no tienen la opción de métodos anticonceptivos o aborto deberán abstenerse de tener relaciones sexuales.

Si la educación sexual y el acceso a anticoncepción y al aborto son escasos o inexistentes ¿cómo se pretende contrarrestar esta epidemia y sus consecuencias?

La buena noticia es que de aquí a 2018 en la región no habrá mujeres víctimas de violencia sexual para no correr el riesgo de un embarazo que no está permitido.

Queremos resaltar que estas declaraciones son absolutamente discriminatorias, pues se dirigen a las mujeres como únicas responsables de evitar traslados a las zonas afectadas, realizarse chequeos si viajaron y prevenir, evitar y manejar sus embarazos, ignorando las condiciones de pobreza, desigualdad y violencia que existen en la región en contra de las mujeres y quitando cualquier responsabilidad de los hombres. En la actualidad existen dos casos en los que se ha comprobado que el virus fue transmitido sexualmente, además existe la teoría de que el virus puede sobrevivir por largas temporadas en el semen: la única manera en la que las dos mujeres afectadas pudieron ser contagiadas fue por medio de relaciones sexuales. Sus parejas viajaron a zonas donde el virus ha proliferado, pero ellas no. Es decir, que los hombres también forman parte de la cadena de contagio al igual que de la solución.

A causa de esta incertidumbre, algunas mujeres han ideado estrategias colectivas para crear redes de apoyo e información que las reconforten, como el grupo de Facebook en Brasil “Mães contra o zika vírus” (Madres contra el virus del Zika). La creadora de esta página, Juliana Evelyn, ha declarado: “Todos los días recibimos dudas sobre repelentes, relatos de mujeres que han contraído el virus y se sienten perdidas, sin saber a quién acudir”.

Otra de las acciones de solidaridad colectiva que ha surgido es de la organización Women on Web, conocida por enviar misoprostol por correo a las mujeres para realizarse abortos en sus casas cuando tienen menos de nueve semanas de gestación y viven en países con acceso restringido al aborto. Esta organización ha declarado que enviará los medicamentos de manera gratuita a las mujeres de la región que requieran interrumpir un embarazo a causa del Zika. Esta admirable medida muestra una gran confianza y compromiso con las mujeres que se encuentran en situaciones adversas.

Además, algunas organizaciones, como el Center for Reproductive Rights, ha declarado que esta prohibición sólo empeorará la crisis de salud pública que ya existe en algunos países debido a que ante la desinformación y la falta de acceso al aborto más mujeres podrían recurrir a abortos clandestinos e inseguros que ponen en peligro sus vidas, su salud y las enfrentan a la posibilidad de ser denunciadas e ir a la cárcel. Diversas investigaciones al respecto muestran que este tipo de restricciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres de escasos recursos perpetuando los patrones de discriminación y violencia.

Los gobiernos de América Latina y El Caribe deben hacer más para proteger a las mujeres y sus familias empezando por liberalizar sus políticas sobre aborto.

Por Jimena Soria (@jimesoria) y Elena Rojas (@tripitasrojas)

 

@GIRE_mx

 

Vía Animal Político

 

 

Debido a que en sólo dos años aumentó 255.8 por ciento el número de reportes de mujeres adolescentes desaparecidas en México, grupos civiles recolectan firmas en la plataforma virtual Change.org para que el Congreso de la Unión defina medidas específicas y con visión de género para la infancia, en la nueva legislación sobre personas desaparecidas.

La petición, que empezó a circular esta semana, fue difundida por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que criticó que la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que envió el Ejecutivo federal el pasado 11 de diciembre al Senado, no reconoce como víctimas a niñas, niños y adolescentes.

Las organizaciones civiles por los derechos de la infancia y que respaldan esta petición argumentaron que se requieren medidas específicas de protección, pues 30 por ciento de las desapariciones en el país corresponden a personas menores de 18 años de edad.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), entre 2006 y 2014 se reportaron 22 mil 374 personas desaparecidas, de las que 6 mil 725 tienen entre 0 y 17 años de edad.

No obstante, el grupo de personas adolescentes desaparecidas está conformado por 2 mil 506, de las que 65 por ciento –que equivale a mil 629– son mujeres.

Para la Redim resulta “alarmante” que tan sólo de 2012 a 2014 el número de reportes de mujeres adolescentes desaparecidas haya aumentado en 255.8 por ciento, ya que –según el RNPED– la cifra pasó de 172 en el primer año a 612 en el segundo.

SE DESOYE RECOMENDACIÓN INTERNACIONAL

Los grupos civiles firmantes recordaron que los comités contra la Desaparición Forzada y de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hicieron en julio de 2015 recomendaciones muy puntuales al Estado mexicano, para incorporar el enfoque de infancia y género en la próxima legislación sobre personas desaparecidas.

En su Informe Final, el Comité de los Derechos del Niño –sobre cómo acata el Estado mexicano la Convención de los Derechos del Niño de la ONU– se dijo “seriamente preocupado” por el alto número de desapariciones de niñas y niños, “especialmente de niñas mayores de 10 años”.

Por eso recomendó “aprobar de manera expedita la Ley General sobre Desapariciones Forzadas, y asegurar que ésta sea tipificada tanto a nivel federal como estatal (…). Esta ley debe incluir medidas específicas para abordar la desaparición de niñas y niños, particularmente las de niñas”.

Y –agregó el comité en otro inciso– “recolectar datos desagregados sobre asesinatos, incluyendo feminicidio y desaparición de niñas y niños, así como también de las madres y padres que han sido asesinados o desaparecidos, y del número de hijas e hijos que han dejado”.

El organismo de la ONU también recomendó implementar medidas concretas para detener el feminicidio de niñas y adolescentes, y procurar reformas legales para castigar la violencia sexual y permitir el aborto en caso de violación, o cuando estuviera en riesgo la salud de la menor de edad.

Con base en esos señalamientos internacionales, las organizaciones civiles pidieron vía Change.org al Senado y la Cámara de Diputados que incorporen un capítulo específico sobre la desaparición de la niñez y la adolescencia, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

Además, exigieron establecer como un agravante del delito si niñas, niños y adolescentes son víctimas de desaparición, y crear un Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Desaparecidas, con información desagregada por edad, sexo, origen étnico, entre otras características.

Igualmente pidieron la creación de un protocolo especial de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, que integre los mecanismos necesarios para agilizar los procesos de procuración de justicia, ya que –observaron las y los activistas– actualmente la Alerta Amber no es suficiente para recuperar a la mayoría de las víctimas.

A su vez exigieron desarrollar programas especiales de acompañamiento social, que consideren las particularidades de cada caso, y permitan la reparación del daño y la inclusión social de las víctimas y sus familias.

También urgieron a que se garantice la restitución del derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad a las familias de las personas desaparecidas, para que niñas, niños y adolescentes afectadas por esta problemática no tengan que realizar actividades económicas para suplir el rol de su familiar desaparecido en el sustento del hogar.

 

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

 

Vía CimacNoticias 

 

El desarrollo turístico y la “urbanización frenética” de Cancún son un punto de partida para comprender la violencia feminicida en Quintana Roo y plantear un nuevo análisis que explica cómo la cultura del turismo refuerza la mercantilización de las características femeninas y las utiliza a través de la publicidad para inventar una idea del paraíso y de lo exótico para atraer a los turistas.

El trabajo publicado en Fair Observer, una organización de medios sin fines de lucro con base en los Estados Unidos y escrito por Terra Stanley, una especialista sobre temas de seguridad en México y violencia de género, detalla que Cancún ha sido testigo de este desarrollo urbano con la reciente devastación del Managlar de Tajamar, el cual fue destruido el pasado 16 de enero para dar paso a la construcción de condominios.

A esta situación se suma una serie de feminicidios ocurridos durante el año pasado que colocó en el centro de la atención internacional al destino turístico de la entidad que gobierna Roberto Borge Ángulo. Los habitantes del municipio de Benito Juárez salieron a las calles a protestar por estos asesinatos, la mayoría ocurridos en zonas marginadas, mientras que la administración estatal negó que se trataran de casos en los que atentará por razón de género.

De acuerdo con el análisis de Fair Observer, un punto de partida para entender estas agresiones a mujeres y niñas quintanarrorenses es el proceso de desarrollo de la ciudad, “que gira en torno al turismo internacional, al abandono institucional de los lugareños y a la planificación urbana a corto plazo”.

El trabajo cita Christopher Tamborini, del Departamento de Sociología de la Universidad Católica de América y de la Universidad de Nueva York, quien sostiene que el vínculo entre una ciudad y una economía global influye en sus posibilidades de desarrollo.

En México, refiere el análisis, los sectores orientados y exportados, como el turismo internacional, “moldean los patrones de empleos femeninos y de trabajos de género en el mercado laboral”. Menciona que otras investigaciones han tratado la asociación entre la maquila y la violencia feminicida, pero no se ha hecho lo mismo al investigar el vínculo entre el turismo y la violencia de género.

“La cultura del turismo refuerza la mercantilización de las características femeninas y las utiliza a través de la publicidad, por ejemplo, para inventar una idea del paraíso y de lo exótico para atraer a los turistas”, dice el texto.

Fair Observer cita además un extracto del trabajo de Vivian Kinnaird y Derek Salón, Turismo: Un análisis de género, que explica este patrón de la siguiente manera:

“A menos que nosotros entendamos las complejidades de género en el turismo y las relaciones de poder que implican, entonces no seremos capaces de reconocer el refuerzo y la construcción de nuevas relaciones de poder que están surgiendo del proceso turismo. A partir de los valores y las actividades del operador turístico transnacional hacia las experiencias diferenciales de las personas que participan, ya sea como anfitriones o invitados, todas las partes de la experiencia del turismo están influenciadas por nuestra comprensión colectiva de la construcción social del género “.

El texto refiere que mientras que la relación causal entre el desarrollo turístico, la migración, los trabajos de género, la “urbanización frenética” y la violencia basada de género es imprecisa, “puede ser un punto de partida digno para comprender la violencia feminicida en Quintana Roo, así como en las ciudades dormitorio del estado de México, los pueblos petroleros de Tabasco, y los centros orientados a la exportación de la frontera norte de México”.

El artículo explica esta ”urbanización frenética” a partir de lo ocurrido en Cancún. Detalla que Cancún “creció a partir de cero para los propósitos internacionales de desarrollo turístico”.

“Ningún centro urbano importante existía en Quintana Roo hasta la invención de Cancún, cuyo desarrollo económico era dudoso. Dada su proximidad a América Central, el Gobierno temía un levantamiento indígena en esa zona rural del país. Preocupaciones similares ocurrieron en la planeación de los proyectos turísticos en Los Cabos, en Baja California Sur, e Ixtapa, en Guerrero”, dice el análisis.

Menciona que gracias a los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial (BM) en la década de 1960, el Gobierno mexicano concibió la idea de Cancún como un centro para el turismo de masas. De esta manera, plantea Fair Observer, en unas pocas décadas, Quintana Roo pasó desde el último lugar de los estados en el Producto Interno Bruto (PIB) a la sexta posición.

Dice que en el caso del municipio de Solidaridad, al que pertenece Playa del Carmen, se desarrolló después de Cancún, aunque en la actualidad su población crece más rápido. El documento precisa que de todos los municipios de México con una población de más de 15 mil personas, Tulum, Benito Juárez (donde se localiza Cancún) y Solidaridad están en la lista de los 10 municipios con más informes de violaciones per capita.

Señala que lo anterior puede ser atribuible a una mayor disposición de los turistas a denunciar violaciones, aunque no necesariamente es el caso. Fair Observer menciona un estudio realizado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez sobre los delitos sexuales registrados entre 2005 y 2006, que muestra que la mayoría de estos, un total de 49,  se cometieron en regiones fuera de la ciudad, mientras que en la zona hotelera fueron 14.

Dicho estudio muestra las regiones en Cancún donde se han registrado delitos sexuales y detalla que cinco de las siete mujeres asesinadas en esa ciudad recientemente, fueron en la periferia de la ciudad, distantes de la zona hotelera.

Fair Observer destaca que entre 1995 y 2000 Quintana Roo fue el estado con la mayor proporción de su población compuesta por migrantes que llegaron en ese periodo, lo que representa un 16.4 por ciento. Mientras, los migrantes que llegaron entre 2005 y 2010 representaron el 12.3 por ciento de la población de la entidad, y durante ese período se situó en el segundo lugar a nivel nacional.

La población migrante de Quintana Roo proviene en su mayoría de Tabasco, Yucatán, Chiapas y del Distrito Federal, esas personas, continúa el estudio, llegan a la entidad con la expectativa de conseguir un empleo en cuestión de días. Sin embargo, pese a que pueden ganar más dinero en comparación de lo que ganarían en sus lugares de origen, en realidad reciben salarios mínimos con el aumento de costo de vida en esa ciudad, la segunda más cara para vivir en México, según la consultora en recursos humanos Mercer.

Indica que los centros turísticos en esa ciudad son puntos estratégicos para el crimen organizado, pues se beneficia de la alta demanda de drogas y alcohol, así como por las oportunidades de lavado de dinero, por el turismo sexual, la trata de personas y la producción de pornografía infantil.

El reporte señala que de acuerdo con datos de la Policía Federal, “la explotación sexual infantil a través de internet ocupa el tercer lugar en la lista de los delitos cibernéticos en México (después del fraude y las amenazas)”. Y agrega que México es uno de los destinos turísticos más buscados por lo pedófilos, debido principalmente a la complacencia del gobierno.

 

Finalmente, el estudio plantea que mientras la relación causal entre el desarrollo del turismo, la migración, los trabajos de género, la frenética urbanización y la violencia de género es imprecisa, puede ser un punto de partida digno para la comprensión de la violencia feminicida en Quintana Roo, así como en zonas del Estado de México, en los pueblos petroleros de Tabasco y en los centros orientados a la exportación de la frontera norte de México.

 

Vía SinEmbargo 

 

Por unanimidad, el gobierno de Jalisco aprobó la mañana de éste lunes la activación de la alerta de género en ocho municipios de Jalisco como resultado del análisis realizado por los integrantes del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario.

De acuerdo con la investigación del gobierno desde 2012 hasta finales del 2015 se registraron 560 homicidios de mujeres con rasgos de violencia en Jalisco.

Derivado de la investigación, evaluación y análisis el gobierno de Jalisco, se declaró la Alerta de Violencia Contra las Mujeres para los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.

Con un presupuesto de 25 millones de pesos proveniente de fondos federales, estatales y organismos públicos descentralizados, Jalisco se convierte en el tercer estado en activar la Alerta de Género.

Mediante 15 acciones divididas en acciones de carácter urgente, de prevención, de protección, de acceso a la justicia y de seguridad, el estado deberá garantizar el derecho a la vida y a la seguridad física y jurídica de las mujeres.

Como parte de las acciones urgentes, indicó el mandatario estatal Jorge Aristóteles Sandoval, destaca la aplicación del Protocolo Alba para mujeres y niñas desparecidas, la creación de la Unidad de Reacción y Búsqueda, vigilancia y patrullaje policial en zonas de riesgo y la aplicación de las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres.

 

Por su parte el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete Gutiérrez, recordó la importancia de crear acciones para el resto de los municipios de Jalisco, así como dar seguimiento para contener y sancionar a los agresores, además de arropar a los hijos y madres de aquellas asesinadas por el delito de feminicidio.

 

Vía Proceso 

 

Los asesinatos de mujeres por su condición de género, tipificados en las leyes locales y nacionales como Feminicidios, han ido en aumento en la entidad oaxaqueña, de acuerdo con los datos proporcionados por el Movimiento Amplio de Mujeres; se han registrado 458 durante la administración de Gabino Cué Monteagudo (2010-a la fecha), de los cuales 84 ocurrieron en lo que va del año.

Dicha situación ocasionó que de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano en su estudio “Homicidio Una Mirada a la Violencia en México” Oaxaca ocupará el primer lugar en feminicidos en el 2014 con 129 casos, siendo la región de la Costa la más riesgosa con 41; seguida de los Valles Centrales y Mixteca con 17 cada una; Istmo 16; Cuenca 11; Cañada 10; Sierra Sur 11 y Sierra Norte con 6.

Los datos varían de acuerdo con el Informe Ciudadano Ausencias. Violencia Feminicida y Feminicido en Oaxaca, coordinado por la asociación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, quien registra 109 casos y pone en primer lugar a los Valles Centrales en cuanto incidencia, seguido de la Mixteca y Costa. A la par que detalla que el 48.6 por ciento de los casos de feminicidos registrados en el 2014 corresponden a mujeres entre los 11 y los 40 años, es decir se encontraban en edad reproductiva, cifra que pudiera ser superior ya que el registro contemplan un rubro de edad desconocida.

El mismo informe pone de manifiesto que las principales ocupaciones de las mujeres asesinadas durante el 2014 son: amas de casa, comerciantes y estudiantes; mismas que en su mayoría fueron ultimadas por su pareja sentimental o algún familiar cercano; quienes a su vez hicieron uso de armas de fuego en 51.37 por ciento de los casos, seguido de armas blanca y golpes.

"Resulta muy preocupante el grado de saña y sufrimiento que infringen los agresores a sus víctimas, de acuerdo a los datos recabados decenas de mujeres y niñas fueron golpeadas, macheteadas, desfiguradas, torturadas, atacadas sexualmente, calcinadas o asfixiadas" se puede leer en el informe ciudadano presentado el pasado 9 de diciembre.

Por lo anterior y en el marco de la campaña 16 días de Activismo contra a la Violencia de Género impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres, procedentes de diferentes organizaciones civiles, se agruparon para denunciar la violencia contra las mujeres y sus consecuencias funestas que de forma indirecta ha afectado la vida de 4 mil personas, de acuerdo con las activistas, ante la falta de actuación por parte de las autoridades estatales.

En el mismo sentido Bárbara García Chávez asintió que los altos niveles de impunidad y corrupción al interior del Poder Judicial, que justamente se pueden ver en la falta de castigo a los feminicidas, funcionan como un mensaje de permisibilidad del delito "necesitamos que la sociedad en su conjunto mire que si matan a una mujer, se trata de una situación grave, que no es natural, y merece una sanción ejemplar, queremos a los 458 feminicidas en la cárcel" afirmó .

De igual forma aseguró que la administración de Gabino Cué Monteagudo, lejos de cumplir con su promesa de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas, ha dado pasos atrás con las recientes acciones implementadas para prevenir la violencia hacia las mujeres, las cuales han consistido en carreras atléticas y conciertos para evidenciar la problemática, y no en programas permanentes que permitan la reducción de los asesinatos de mujeres en la entidad, misma que va en aumento a comparación del sexenio pasado encabezado por Ulises Ruiz Ortiz que cerró con una cifra de 283 casos registrados, de acuerdo con el Informe Ciudadano Ausencias Violencia Feminicida y Feminicidio en Oaxaca.

Por su parte las instancias encargadas de las políticas públicas en materia de género defienden el discurso de que actualmente existen mejores condiciones para la mujeres, tal es el caso de la directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Anabel López Sánchez, quien si bien reconoció que la realidad actual es dolorosa para la sociedad en general, también puso de manifiesto que a diferencia del pasado, en esta administración no sólo se contabilizan, sino que en todos los casos de asesinatos de mujeres se inicia una averiguación previa por el tipo penal de Feminicidio.

En lo que va del año existen mil 375 averiguaciones previas por el delito de violencia intrafamiliar; 531 por delitos sexuales en todas sus variaciones; 38 correspondientes a trata de personas; y 73 más por feminicidio, de las cuales no especifica cuantos agresores han sido detenidos y sancionados.

EL CASO DE DAFNE

El 9 de diciembre del 2013 y debido a las características del crimen, trascendió en los medios locales de información el asesinato de Dafne Carreño Bengochea, joven de 21 años quien fue privada de la vida con siete puñaladas por su ex pareja sentimental Alejandro Enrique Rivera Lopez, luego de una riña provocada por éste al interior de su domicilio.

A casi tres años del asesinato la madre de la joven Zoila Elizabeth Bengochea Espitia denunció la falta de justicia en el caso, ya que indicó no ha habido sentencia para Rivera Lopez pese a que fue detenido minutos después del cometido el crimen y con testigos de por medio, lo anterior asegura debido a la influencia que su familia ejerce en las autoridades locales.

De acuerdo con Bengochea Espitia la justicia sólo responde a quienes tienen solvencia económica, y prueba de ello es que el asesino de su hija goza de privilegios al interior del penal de Santa María Ixcotel donde se encuentra recluido, "el esta como en un hotel de cinco estrellas, come bien, duerme bien, tiene celular, televisión, todo porque su familia puede pagarlo y ha comprado la justicia al interior de la cárcel.

El Fiscal General del Estado Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, reconoció que pese al trabajo que han realizado en la dependencia durante los cinco años de administración de Gabino Cué Monteagudo, sólo un hombre ha sido sentenciado a 60 años de prisión por el delito de feminicidio, ello por haber asesinado a su novia a finales del 2013.

Lo anterior pese a que del 2011 a la fecha, la antes Procuraduría Estatal de Justicia del Estado hoy Fiscalía General, detuvo y puso a disposición a 113 agresores de mujeres, cifra que dicho sea de paso se queda muy corta ante los más de 400 feminicidios cometidos en el mismo periodo.

De acuerdo con el funcionario estatal 31 hombres fueron consignados por el delito de feminicidio en el 2014, 33 más en lo que va de este año, cuyo proceso legal se encuentra en curso, en el periodo que por ley les corresponde para que la defensa presente las pruebas que consideren a fin de evitar una sentencia.

 

Por Evlin Aragón

 

Vía El Financiero