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Recientemente, los espectaculares colocados en distintos puntos de Aguascalientes donde se aconsejaba a la sociedad que prestara más atención a la prevención de enfermedades de transmisión sexual que a la estigmatización de la comunidad gay, fueron retirados.

Esto, porque la presión social demandaba incorrecto la imagen de una pareja de hombres besándose, según explicó Francisco Esparza Parada, secretario de Salud.

Ante la represalia, la población LGBTI y algunas organizaciones civiles dedicadas a la promoción de la salud sexual, los derechos humanos y la defensa de las personas de la diversidad sexual, levantaron la voz para exigir una explicación más detallada al respecto.

"Esto no puede seguir pasando en Aguascalientes, no pueden seguir negándonos nuestros derechos y esto lo tomamos como un acto de homofobia. El cartel es una campaña nacional y estuvo puesto solamente cuatro días, estaba planeado para que estuviera en las inmediaciones durante seis meses y no duró ni un fin de semana“, resaltó Diana Rivero, en representación del movimiento disidente.

Las distintas organizaciones demandaron la inmediata reinstalación de los anuncios, ya que consideraron que al ceder a las presiones de grupos conservadores se valida los comentarios homofóbicos promovidos por un sector no representativo de la sociedad.

Asimismo, responsabilizaron a Esparza Parada por autorizar el retiro de dichos espectaculares y exigieron los nombres de los grupos conservadores que frenaron la campaña.

Además pidieron a los candidatos a la gubernatura y a los diputados locales su postura sobre la implementación de campañas de salud hacia la población homosexual y la legislación del matrimonio igualitario.

 

De no responder a las demandas, las organizaciones amenazaron con interponer una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por violar sus derechos. Incluso, la acción podría llegar hasta el ámbito penal por la responsabilidad de los servidores públicos al bloquear una campaña federal.

 

Vía SDPnoticias 

 

En los últimos dos años, hay un severo repunte en feminicidios en la Ciudad de México al grado de que se cometen tres semanales, denunció ayer Beatriz Rojas, asambleísta de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al tiempo que advirtió que prevalece una actitud de indiferencia en las agencias del Ministerio Público, pues califica las demandas de las mujeres “como locas y mentirosas”.

“Entre 2013 y 2015, al menos 402 mujeres fueron asesinadas en la Ciudad de México, lo que representa tres homicidios cada semana relacionados con violencia de género, cifra que además va en aumento, -sobre todo- en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Milpa Alta y Xochimilco”, advirtió con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En conferencia de prensa, la legisladora indicó que durante el mes de marzo se registraron siete homicidios contra mujeres, los cuales cumplen con la característica de feminicidio, pero en la mayoría no hay investigación.

Ante esta situación, solicitó a Rodolfo Ríos Garza, procurador general de Justicia capitalino, un informe sobre el registro de los delitos de género, violencia sexual y cómo se aplican los protocolos de actuación. Asimismo, exigió a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, garantizar a este sector una vida libre de violencia.

Calificó de preocupante la violencia en contra de las mujeres en la capital, la cual tiene tintes de indiferencia entre las autoridades, por lo que propuso que se efectúe una revisión exhaustiva sobre cuáles son las condiciones que enfrentan las mujeres y valorar si es necesario emitir una alerta de género.

Solicitó también al Instituto de las Mujeres (Inmujeres) implementar medidas jurídicas y psicológicas para apoyar a las afectadas y que detalle qué hacen en sus centros delegacionales para orientar a las mujeres sobre sus derechos.

Agregó que la violencia contra las mujeres representa un problema machista que debe de buscar resolverse desde los hogares.

Indicó que muchos casos son provocados por los propios esposos o parejas sentimentales e incluso precisó que jueces y Ministerios Públicos no trabajan con perspectiva de género y siguen viendo a la mujer como dependiente del hombre.

 

Por Alberto González

 

Vía El Sol de México 

 

Las mujeres menores de 25 años y las que son usuarias de drogas, son dos de los grupos más vulnerables a contraer nuevas infecciones del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH, por sus siglas en inglés), alerta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A través de la Agenda Política en Materia de VIH Sida, la CNDH en colaboración con ONUSIDA y el Centro de Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), reconoce que se deben etiquetar partidas presupuestales específicas para programas de prevención y atención para mujeres con VIH para mujeres menores de 25 años, debido a que este sector de la población representa la mitad de las nuevas infecciones que se van se registran cada año a nivel mundial.

La Agenda Política para Mujeres con VIH agrega que las partidas presupuestales con enfoque de equidad de género también contemplar el apoyo a la salud sexual y reproductiva de todos los grupos de mujeres, con el propósito de que los recursos para atender a féminas con SIDA sea progresivo e irreductible, contribuyendo así a los derechos de las mujeres en materia de salude igualdad, a la no discriminación y al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Incluso, se plantea en la misma la posibilidad de que todos los grupos de mujeres vulnerables a la epidemia o que viven con el VIH, reciban atención integral y gratuita en materia de salud sexual y reproductiva.

El documento que también cuenta con el apoyo de organizaciones civiles considera que también es necesaria la promoción de redes regionales que sirvan para prevenir y atender la violencia y el VIH en todo el país, obligando a las autoridades de los tres niveles de gobierno, en materia judicial, educativa, social y sanitaria, al cumplimiento de la Ley para Erradicar la Violencia de Género y de la norma NOM 046-SSA2-2005 que se usa para atender a las mujeres que son víctimas de violencia sexual.

“La Agenda Política busca garantizar suficiente presupuesto etiquetado y ejercido en programas de prevención y atención del VIH, y que se considere la salud sexual y reproductiva para mujeres en todas sus diversidades, desde un enfoque de derechos que sea irreductible y progresivo, según lo establecen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, explicó la CNDH.

La publicación de la CNDH está dirigida a mujeres que viven con VIH, mujeres transgénero, trabajadoras sexuales y jóvenes menores de 25 años, se actualizará de manera constante y abarca siete capítulos para explicar la importancia del problema y de la agenda de género en esta materia: Conoce tu epidemia; Atención integral en salud, Derechos sexuales y derechos reproductivos; Adolescencia y juventud; Mujeres usuarias de drogas y el VIH; Violencia de Género y el VIH; Presupuesto para prevención y atención de mujeres con VIH; así como Fortalecimiento de liderazgos.

 

Mediante dichos capítulos, según la CNDH, se presentan ejes lineales de acción y propuestas concretas para identificar las acciones que se requieren para informar a las mujeres sobre el VIH y una serie de respuestas para enfrentar la epidemia y disminuir sus costos sociales con ayuda de la prevención y de una perspectiva de género.

Vía Diario de Yucatán 

 

Siete de cada diez mexicanos apoya la idea de que la educación sexual sea obligatoria en escuelas públicas del país, de acuerdo con la reciente encuesta de Parametría, lo cual revela una apertura del tema en la opinión pública en los últimos nueve años.

De acuerdo con la encuestadora, desde 2007 aumentó 9% el número de mexicanos que quieren que los menores reciban educación sexual.

Destaca, por ejemplo, que 89% de las personas aprueba la educación sobre órganos sexuales a niñas y niños; 93% por que se instruya en enfermedades de transmisión sexual (ETS) y 91% en enseñar métodos anticonceptivos, principalmente el uso del condón masculino, el cual es conocido por el 87% de la población.

Y es que hasta hace nueve años dos de cada diez mexicanos veían la enseñanza de métodos anticonceptivos y de protección sexual como promoción de la “promiscuidad” y no como herramientas informativas, un porcentaje que ha caído más de 10% en 2016.

Parametría detalla que pese al aumento para que la educación sexual se difunda desde las escuelas, hay porcentajes importantes de quienes dicen desconocer el tema de la sexualidad.

Solo 13% dice saber ‘mucho’ sobre este tema, y la mitad, 51% afirma saber ‘algo’, pero hay un 32% que asegura conocer ‘poco’ y sólo un preocupante 3% que confesó no tener idea del tema.

De acuerdo con el estudio Evidencia y Justicia, la salud y los derechos de Adolescentes y jóvenes en México después de 2015, hecha por las organizaciones Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud AC, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C y la alianza global Resurj, las mujeres mexicanas, especialmente las adolescentes e indígenas, se enfrentan a múltiples barreras de acceso a la información, anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva.

 

“Existe una enorme necesidad insatisfecha de anticonceptivos, la cual es dos veces más alta entre mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años) sin educación (20%), que entre mujeres con educación secundaria o más (8.3%). Dos veces mayor entre mujeres que viven en áreas rurales (16%), que entre aquellas que habitan áreas urbanas (8%), y dos veces mayor entre mujeres que hablan una lengua indígena (21.5%), y aquellas que no (9%)”, explica la investigación.

 

Vía Animal Político 
 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) emitió una convocatoria para conformar un grupo de trabajo que realizará un informe dirigido a las autoridades del estado para atender la violencia feminicida, que tan sólo en lo que va del año ha dejado un saldo de 23 asesinatos violentos contra féminas, de los cuales 13 encajan con el tipo penal feminicidio de acuerdo con la Fiscalía.

Esta convocatoria proviene de una solicitud para emitir la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), que finalmente fue aceptada por el Inmujeres, luego de que en diciembre pasado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) desechara una solicitud realizada por el Congreso del Estado a petición de la diputada Geraldine González.

Ocho expertos analizarán la violencia de género en Puebla

De acuerdo con la convocatoria publicada en el portal del Inmujeres, el grupo de trabajo estará conformado por ocho personas que “estudiarán y analizarán la situación que guarda el territorio sobre el cual se señala que existen violaciones a los derechos humanos de las mujeres por violencia feminicida o agravio comparado”, en este caso Puebla.

La distribución será: un miembro del Inmujeres coordinará el grupo; uno de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mueres (Conavim); uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); cuatro integrantes de instituciones académicas o de investigación especializadas en violencia contra las mujeres; así como un representante del “mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad”.

Los miembros del grupo contarán con el cargo honorífico por dos años y en ese lapso, no podrán participar en ningún proceso de investigación extra y tras reunir la documentación correspondiente, tendrán hasta el 17 de marzo de este año para presentar su solicitud ante el Inmujeres y esperar al proceso de selección.

Una vez que se conforme el grupo de trabajo, éstos deberán analizar la situación de violencia en Puebla y emitir un dictamen final, mismo que deberá ser atendido de forma inmediata por el gobierno estatal y dar muestras de avance en un periodo de no más de seis meses, por lo que en caso contrario, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitirá la AVGM y determinará los ejes rectores para darle solución al problema.

Inician el proceso después de 50 feminicidios

Según cifras de la misma Fiscalía General del Estado, desde el 2015 hasta febrero de este año, la dependencia contabilizó un total de 50 feminicidios en el estado, de los cuales 13 corresponden al 2016. Además de que en ese mismo periodo, han sido asesinadas al menos 116 mujeres en todo el estado.

 

Por Alberto Melchor

 

Vía Cambio 

 

El retraso en la investigación por la presunta violación sexual a una joven en el municipio veracruzano de Boca del Río deja en duda la procuración de justicia, dijo Adriana Fuente, abogada del colectivo Equifonía.

La defensora reconoció que hay un término legal de 180 días para la integración de la averiguación ministerial, y este plazo ya se venció, pues la denuncia fue interpuesta el 16 de mayo de 2015, hace casi 10 meses.

En enero de 2015, la adolescente fue privada de su libertad y atacada sexualmente por cuatro jóvenes en Boca del Río. Ella conocía a los presuntos agresores, iban en la misma escuela; pasaron cuatro meses para que venciera el miedo y se decidiera a denunciar.

A pesar de las pruebas médicas y periciales, y de los testimonios y videos donde ellos confiesan y ofrecen disculpas a la joven, los agresores sexuales siguen libres y ahora se declaran inocentes, según el testimonio de Javier Arturo Fernández Gómez, padre de la adolescente, quien hizo pública la denuncia.

Los presuntos atacantes son ahora conocidos como la banda de “Los Porkys” (en alusión a un caso de 2006 cuando unos jóvenes hijos de funcionarios asesinaron a un niño a golpes).

Y es que los señalados son hijos de empresarios influyentes: Enrique Capitaine –hijo del ex alcalde de Nautla, Felipe Capitaine–, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso.

El padre de la joven explicó que en mayo de 2015 se levantó la denuncia 592/15/1ESP/VER/05. Ahí se relata que ella fue privada de su libertad afuera de una discoteca; los agresores la sometieron y la llevaron en un auto a casa de uno de ellos en el fraccionamiento Costa de Oro y ahí la violaron.

La abogada defensora Adriana Fuente señaló que la condena de prisión por este delito va de seis a 30 años, dependiendo del veredicto del juez, sin embargo reconoció que el camino no será fácil pues la investigación continuará hasta desahogar pruebas de ambas partes, y hay casos en los que la justicia tarda hasta tres años en emitir un fallo.

Afirmó que la divulgación de una carta del padre, así como videos donde se inculpa a los jóvenes, podrían servir de prueba, pero tendrán que ser valorados por la autoridad ministerial.

A consideración de Fuente, hay dilación de la justicia en el caso y eso ha propiciado la desesperación de los padres, quienes han difundido videos de los jóvenes confesando el crimen.

La litigante advirtió que si la determinación de la autoridad ministerial y del juez no es favorable a la joven, la agraviada puede interponer una queja ante la Sala Constitucional para que analice si la determinación del Ministerio Público es la adecuada y si se agotaron todas las pruebas.

Señaló que el linchamiento mediático y la exposición de los jóvenes podría derivar en una queja o denuncia civil, pues están bajo el principio de presunción de inocencia. “No se puede hablar de un delito consumado, hasta que una autoridad lo determine”, aclaró Adriana Fuente.

Advirtió que se desconoce si a la víctima se le ofrecieron las órdenes de protección para ella y su familia, así como la atención médica y psicológica en el caso. “Deja mucho que desear la autoridad con su actuación; también se tendría que ver qué medidas se implementan para la joven, para no exponerla ni revictimizarla”, insistió.

Ante la desesperación por la falta de actuación judicial, Javier Arturo Fernández Gómez publicó una carta en redes sociales el pasado 18 de marzo. Reveló que había filmado a los jóvenes, quienes confesaron los hechos y pidieron “disculpas” a la menor de edad agredida, sin embargo ahora los jóvenes niegan el delito.

“Con todo eso, la fiscalía no ha sido capaz de consignar; estoy frustrado, desesperado y desgastado; tomé el camino legal y eso no ha sido suficiente”, reprochó el padre de la adolescente.

Se suma una campaña de descrédito, pues las familias de los jóvenes han creado perfiles en redes sociales para denostar a la joven y manchar su imagen, lo que la ha afectado aún más.

“No quiero venganza, sólo quiero justicia, quiero que se cumpla la ley”, dijo Fernández Gómez.

 

Por Flavia Morales

 

Vía CimacNoticias 

 

En los últimos 60 años se han registrado avances en materia de salud, sin embargo, hay pendientes por atender como el embarazo en adolescentes, advirtió el Secretario de Salud, José Narro Robles.

El funcionario aseguró que es un compromiso de la dependencia trabajar para mejorar la calidad de vida de las mujeres de México y atender los pendientes con este grupo de población.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Narro Robles dijo que en los últimos años, la salud y la calidad de vida de los mexicanos han mejorado de manera sustancial, debido al apoyo, solidaridad y compromiso del personal del Sector Salud, sobre todo las mujeres.

“Nuestras campañas de vacunación han permitido salvar muchas vidas de niñas y niños, jóvenes y adultos, y han representado evitar el sufrimiento y dolor en las familias mexicanas, y en ese logro están todas las trabajadoras del sector”, precisó.

Ejemplo de ello, dijo, es el incremento en la esperanza de vida de 48 años en los años 50´s, a 73 en hombres y 78 en mujeres en la actualidad, así como la reducción de 85 por ciento en la mortalidad infantil en el mismo periodo.

Reconoció que el embarazo adolescente es uno de los pendientes que requiere mayor atención de parte de la sociedad y las instituciones públicas, ya que cada año ocurren 350 mil embarazos en mejores de 18 años.

El embarazo en adolescentes tiene repercusiones económicas y sociales para la madre, ya que genera exclusión, desigualdad de género y mayor deserción escolar, lo que limita el desarrollo personal y educativo.

El Secretario de Salud, es fundamental unir esfuerzos y trabajar conjuntamente con otras instancias gubernamentales y con la sociedad para fomentar la educación sexual, principalmente en las niñas de nuestro país.

 

Reconoció la labor de todas las mujeres mexicanas como trabajadoras, jefas de familia y responsables en su mayoría de la salud de sus familias, que contribuyen para mejorar la salud de los mexicanos.

 

Vía Quadratín