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Las adolescentes embarazadas o con hijos están en mayor riesgo de exclusión en México, país donde ocurren 77 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, aseguró la organización Save the Children.

En un estudio titulado “Estado de las Madres en México: Embarazos y Maternidad Adolescente”, destaca que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes.

Y entre 2007 y 2012, añade, los nacimientos en una mujer menor de 20 años se incrementaron en cerca de 15%, registrando un promedio de más de 460 mil nacimientos anuales.

“Recientemente Save the Children presentó su nueva campaña global Hasta el Último Niño y Niña, en la que destaca que las y los adolescentes son una población excluida, pues no existen políticas públicas integrales que favorezcan su desarrollo y el ejercicio de sus derechos. Y en este marco, uno de los temas que hemos identificado como central es el embarazo adolescente”, afirmó María Josefina Menéndez, directora ejecutiva de Save the Children en México.

De acuerdo con el reporte –lanzado previo a la conmemoración del Día de las Madres–, las y los adolescentes enfrentan retos en el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva: 90% reporta haber escuchado sobre métodos anticonceptivos, pero 14.7% de los hombres y 33.4% de las mujeres no usaron protección en su primera relación sexual; además existe una disparidad en el uso de métodos anticonceptivos entre las diferentes entidades del país.

“Una de cada dos adolescentes de entre 12 y 19 años que inicia su vida sexual se embaraza por causas relacionadas con la violencia sexual, la nupcialidad temprana, el no uso o uso incorrecto de anticonceptivos, y en general la poca educación integral en sexualidad que tienen las y los adolescentes especialmente a edades tempranas. De no trabajar con estos factores de raíz, las adolescentes embarazadas o con hijos seguirán enfrentando niveles altos de exclusión en su educación, economía y por supuesto en la toma de decisiones sobre su vida”, enfatizó la directora de la organización.

El estudio de Save the Children revela que aproximadamente una tercera parte de los embarazos en adolescentes no son planeados, no obstante, un alto porcentaje de ellos son deseados por causas relacionadas con la falta de oportunidades de desarrollo y de contextos en donde la maternidad es el único rol valorado de las mujeres en sus comunidades.

La organización destaca que entre 2006 y 2014 hubo casi 100 mil nacimientos de mujeres menores de 15 años que probablemente están relacionados con abuso o violencia. Sin embargo, la violencia sexual hacia adolescentes no se mide adecuadamente en nuestro país.

Respecto a la nupcialidad temprana, al menos una de cada cinco mujeres contrae una unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad, y las jóvenes hablantes de una lengua indígena presentan proporciones de matrimonio infantil superiores a 40% en los estados de Chiapas, Guerrero y Veracruz.

El reporte también pone énfasis en los retos que enfrentan las adolescentes con hijos respecto a su salud, educación y economía. De acuerdo con datos oficiales, el 83.9% del total de egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años se relacionan con el embarazo, parto y/o puerperio.

Asimismo, desde 2010 existe un alza sostenida en la mortalidad materna adolescente, presentándose la mayoría (70%) bajo atención médica. Respecto a la educación, el embarazo es una de las principales causas de deserción escolar entre las mujeres adolescentes: 59% con antecedente de embarazo sólo cursó hasta la secundaria.

Las cifras están íntimamente relacionadas con las condiciones y oportunidades de desarrollo económico que se les ofrece a las mujeres adolescentes con hijos: el 33% de las mujeres de 20 a 24 años que fueron madres adolescentes en México se encuentran en el quintil más pobre, según el estudio.

En este sentido, Save the Children llamó al Estado y a la sociedad mexicana a trabajar en tres garantías por y para las adolescentes. En primer, lugar, contar con financiamiento justo, es decir, que se asigne a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) un presupuesto progresivo y transparente, y una asignación presupuestaria progresiva y suficiente para el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

En segundo término, que se eliminen las barreras de discriminación que afectan los derechos de las y los adolescentes, es decir, armonizar programas y estrategias locales sobre educación y servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes conforme a su reconocimiento en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

Asimismo, asegurar que en todos los códigos civiles esté homologada la edad mínima para el matrimonio, ya que a la fecha existen 25 entidades de la República que no lo han hecho tal como lo estipula la Ley General de los Derechos de NNA, y poner en marcha programas que incrementen la participación económica, social y política de las mujeres adolescentes.

El último punto tiene que ver con rendir cuentas y mejorar la participación de los adolescentes, ello a través de contar con datos desagregados que permitan conocer a profundidad el tema de embarazo adolescente y de las adolescentes con hijos para crear políticas públicas que respondan de manera eficiente a un problema multicausal, así como contar con diagnósticos que favorezcan escuchar las voces de las y los adolescentes para comprender los retos que enfrentan y definir las soluciones clave.

 

Save the Children también presentó el Ranking de las Madres, herramienta que permite conocer cuáles son las oportunidades más favorables o los mayores retos para asegurar el desarrollo y supervivencia infantil y materna dentro de las 32 entidades federativas de México.

 

Vía Proceso 

 

El número de embarazos entre adolescentes en la Ciudad de México continúa en ascenso pese a ser la entidad que ofrece la más amplia gama de anticonceptivos de larga duración y sofisticados como el implante hormonal, condones y condones femeninos de forma gratuita a los jóvenes que lo solicitan.

La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en la Ciudad de México la tasa de fecundidad adolescente registró un incremento de 12 por ciento de 2009 a 2014.

La estimación de la tasa de fecundidad adolescente fue en la dirección opuesta a la tasa global de fecundidad en mujeres de 15 a 49 años de la Ciudad de México, que refleja una leve disminución al pasar de 1.7 hijos por mujer en 2009 a 1.6 en 2015, lo cual la ubica como la entidad federativa con la tasa global de fecundidad más baja del país.

María Fernanda Olvera, directora del Instituto de la Juventud local (Injuve), apuntó hacia el abandono emocional de los jóvenes como una de las principales razones por las que no disminuyen los casos de mujeres que se embarazan entre los 12 y 18 años.

 “Hoy como autoridad en juventud, lo afirmo, la salud emocional es la clave principal en la prevención de conductas de riesgo en las personas jóvenes, conductas de riesgo de todo tipo como embarazos, consumo y abuso de sustancias legales e ilegales, comportamientos compulsivos, trastornos alimentarios, el descuido del cuerpo, la no atención de cuadros depresivos”, dijo Olvera en entrevista con Excélsior.

Agregó que los jóvenes que habitan en la Ciudad de México cuentan con información respecto a la planificación familiar y la prevención en enfermedades de transmisión sexual así como apoyo para utilizar métodos anticonceptivos.

“(Los métodos anticonceptivos) están al alcance de toda la población joven cuando se habla de un mecanismo de prevención de embarazo o de infecciones de transmisión sexual. Eso los jóvenes lo saben plenamente, la información cada vez llega a más jóvenes no sólo de parte de las instituciones de gobierno, en las propias escuelas, centros de salud, en internet hay acceso a información desde una capacidad que nunca habíamos visto”, afirmó.

Ante este panorama, el Injuve se enfoca en la atención de los conflictos emocionales de los jóvenes.

“El embarazo no es culpa del gobierno, no es culpa de las familias, de la falta de información, no hay un solo culpable, es un fenómeno que se ve desde diferentes aristas, pero también corresponde a la estabilidad emocional, porque son decisiones.

“Estamos por lanzar esta campaña ¿Cómo te sientes? no sólo Facebook tiene que preguntarles, es nuestra obligación”, señaló la funcionaria de Injuve.

 

Las clínicas de salud emocional en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo han atendido a tres mil jóvenes en tratamientos emocionales de junio de 2015 a la fecha, en tanto que el programa de Madres Jóvenes, que apoya con becas de 800 pesos mensuales, tarjeta de transporte gratuito y accesibilidad a cursos que ofrece el Injuve, cuenta con 150 mujeres afiliadas.

Complicaciones por edad

El 30 por ciento de las mujeres embarazadas menores de 18 años tiene a sus bebés vía cesárea debido a la desproporción entre la cabeza del bebé y la pelvis de la mujer que está en pleno crecimiento, lo que obliga a la intervención quirúrgica, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

De los ocho mil 677 nacimientos que atendió el año pasado, 70 por ciento fue vía vaginal, llamado parto natural, pero el resto presentó complicaciones previas al alumbramiento por lo que fue necesaria la intervención quirúrgica. En lo que va de 2016 (con corte al mes de febrero) la tendencia es similar con mil 368 nacimientos, de los cuales 398 fueron cesáreas.

Por cuestiones sociales, económicas y educativas, el control prenatal en este sector de la población es muy deficiente y  padecimientos como diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia y anemia, entre otros, agravan y ponen en riesgo la vida de la madre y al bebé.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una valoración mensual en los primeros siete meses de gestación, después cada 15 días, y a partir del octavo mes (36 semanas), una visita semanal hasta el parto.

 

El año pasado la Sedesa registró 68 mil 951 consultas a embarazadas menores de 19 años. De este total, 867 fueron mujeres menores de 15 años que acudieron a cita de primera vez y regresaron sólo a dos o tres citas, ya que el total de consultas subsecuentes fue de mil 997.

 

Vía Vanguardia 

El embarazo y la maternidad temprana pueden traer complicaciones para la salud de la madre y el bebé, como también impactos negativos en los cursos de vida de las y los adolescentes. Cuando el embarazo no ha sido planificado es una clara manifestación de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y por ende de sus derechos humanos. Así lo afirma el reporte “Fecundidad y Maternidad Adolescente en el Cono Sur: Apuntes para la Construcción de una Agenda Común” que presenta este martes UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

De acuerdo a las estimaciones realizadas en la investigación, alrededor de 1.250.000 nacimientos que ocurren en los países del Cono Sur corresponden a madres adolescentes (15 a 19 años). Adicionalmente se destaca que una de cada cinco mujeres será madre antes de terminar la adolescencia.

El trabajo sistematiza el estado de situación en relación a la fecundidad y maternidad adolescente en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y compara las existentes legislaciones y programas vinculados a la salud sexual y reproductiva en cada uno de estos países. Así mismo, el reporte presenta un panorama de las tendencias, desigualdades y los de­terminantes sociales que impactan en la ocurrencia de un embarazo en la adolescencia.

“El embarazo adolescente no solamente pone de relieve la falta de acceso de las niñas y adolescentes a bienes y servicios que les permitan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sino que además constituye en sí mismo una barrera para que las niñas ejerzan su derecho a la educación y a un desarrollo saludable, y que logren una transición exitosa hacia la vida adulta”, afirmó Esteban Caballero, Director Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe.

De acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas, nacen aproximadamente 14 millones de niños y niñas de madres adolescentes de los cuales casi 2 millones ocurren en América Latina y el Caribe, lo que representa el 13% de todos los nacimientos. La tasa de fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe es de 73,2 por mil, casi duplica los niveles del resto de las regiones (48, 9 a nivel mundial) y sólo es superada por África, en donde alcanza el 103 por mil. La mayoría de las adolescentes que fueron madres estaban fuera del sistema educativo en el momento del embarazo.

“Es necesario reforzar y expandir políticas públicas integrales para garantizar la prevención de embarazos no deseados y resaltar la importancia de estimular alianzas de cooperación Sur-Sur para facilitar intercambio e implementación de buenas prácticas”, aseguró Virginia Camacho, Asesora Regional en Salud Sexual y Reproductiva de la Oficina Regional de América Latina y El Caribe deUNFPA.

El informe recoge un análisis de los programas de educación integral de la sexualidad que se desarrollan dentro de los marcos normativos en cada uno de los países, como por ejemplo, el suministro de diversos métodos anticonceptivos de manera gratuita a través de los sistemas de salud y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en forma autónoma, sin obligación de acompañamiento de un adulto y como respeto al derecho de confidencialidad.

 

El fortalecimiento de las capacidades e intercambios de los países del Cono Sur en su trabajo de garantizar acceso a la salud sexual y la disminución del embarazo en la adolescencia, es el objetivo principal del reporte.

 

Vía El Heraldo de Saltillo

 

Los casos de violencia contra las mujeres no son algo nuevo, basta con pararse en cualquier calle para atestiguar casos de acoso; por la mañana escuchará piropos, chiflidos, humillaciones algunos más picosos que otros; mientras vaya pasando el día, verá toqueteos mínimos, nalgadas, masturbaciones públicas, invitaciones. Por la noche, observará manoseos, asaltos sexuales, golpizas, violaciones… Y por la madrugada verá asesinatos.

Casos atemorizantes de violencia de género cubren todos los días la prensa más amarillista, pero en los últimos meses, algunos fueron aún más sonados como la violación de Daphne por el grupo Los Porkys en Veracruz; la violación y asesinato de Maricarmen Escobar en Chiapas, a quien encontraron carcomida por las aves de carroña.

El caso de Maricarmen impulsó a Dianne Padilla, integrante de la organización Iniciativas Feministas, posteó en Facebook: “Deberíamos estar organizando una manifestación nacional contra el machismo y la misoginia. El mismo día, en todos los estados, todas las mujeres a la calle, porque nuestra vida está en juego y a nadie más que a nosotras nos duelen los feminicidios”, reportó Reforma.

En una entrevista, la activista dijo que había que hacer visible las violencias que sufren en género femenino.

“Las violencias institucionales, la violencia comunitaria, el acoso en redes, al final lo que hacen es un entramado bastante difícil de desarticular y que sostiene que sea tan fácil en nuestro País asesinar a una mujer”, dijo.

La marcha, que inició en Ecatepec, en el caso de la metropolitana, fue multitudinaria, las organizadores aseguraron que fueron alrededor de 10 mil personas, otros medios le atribuyeron 6 mil y la policía capitalina apenas 3 mil 500.

Pero además, la manifestación tuvo sus réplicas en varias entidades del interior de la República como el caso de Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Tepic, Querétaro, Cancún Puebla y Mérida, por nombrar algunas de las 25 ciudades en las que tuvo lugar.

Pese a la gran cantidad de personas que se movilizó, y las seis horas de recorrido en el caso de la Ciudad de México, pocos medios nacionales lo incluyeron en su portada, minimizando su demostración, solventando la invisibilidad de los casos.

Y de parte de Peña Nieto, apenas logró una mención en Twitter: “exigencias y propuestas son y seguirán siendo respaldadas por el @GobMx para avanzar juntos por la igualdad de género”.

Lo que no se invisibiliza son los más de 100 mil testimonios de #MiPrimerAcoso, impulsado desde el sábado pasado. Bajo el hashtag, millones de mujeres dieron cuenta de la forma en que han sido acosadas sexualmente desde los primeros años de la infancia.

Entre las exigencias que colectivos de mujeres dieron a conocer, está el cese al favoritismo judicial hacia los hombres en proceso penales, capacitación en materia de violencia de género en instituciones públicas; oportunidades de empleo y de trabajo dignas y seguras, así como mecanismos para combatir el machismo en el país.

Desde 1985 y hasta el 2014 se registraron un total de 47 mil 178 homicidios de mujeres. Durante el 2014 hubo en promedio 6.3 mujeres asesinadas cada día en el país; y de todos los casos de violación denunciados, un promedio de 40 por día, sólo se ha castigado uno. La impunidad es, pues, el común denominador.

 

Por Fabiola Rocha

 

Vía Regeneración 

 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que debe reconocerse para que pueda ser erradicado, porque negarlo significa complicidad.

Durante el evento Alianza contra la Violencia hacia las Mujeres, Acciones y Compromisos, el encargado de la política interior del país señaló que se trata de modificar los esquemas sociales que normalizan la violencia o la hacen ver como algo natural.

Esto consolidando un México sin prejuicios ni obstáculos que impidan o dificulten el desarrollo pleno de las mujeres.

Osorio Chong indicó que se debe acabar con la violencia machista en todas sus manifestaciones, ya sea económica, emocional, sexual, física o feminicida.

Aseguró que el Gobierno de la República se suma a toda forma de expresión que condene la violencia de género, al construir junto con la sociedad acciones para erradicarla, visibilizando los retos y asumiendo lo que a cada quien le corresponde para fortalecer el México de derechos que se tiene.

En la presentación del estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014”, el titular de Gobernación indicó que no se trata de ceder espacios ni dádivas, sino de respetar los derechos y la dignidad de las personas, por lo que en este gobierno “cerramos filas en favor de esta causa con niñas, adolescentes y mujeres”.

Advirtió que se trabaja en tres aspectos prioritarios: desde el núcleo familiar hacia la comunidad, en donde las autoridades municipales y estatales se coordinen para implementar soluciones articuladas a fin de erradicar este fenómeno.

Así también; conformar un registro de delitos y víctimas para poder poner en marcha acciones efectivas para contrarrestar este fenómeno, y terminar con la impunidad, para lo cual es necesario sean investigados, juzgados y sancionados todos los casos de violencia contra las mujeres.

Osorio Chong solicitó al director del Inegi declarar como información de interés nacional la referente a la detección, atención, denuncia y sanción de la violencia feminicida, pues consideró, que “el registro administrativo nos da la película y nos permite tomar acciones en el momento y no cada cinco años”.

Destacó que las instituciones deben contar con personal capacitado con perspectiva de género, aplicar las órdenes de protección y asegurando la reparación del daño, garantizar cuando se presente una denuncia de este tipo, la víctima reciba buen trato y no sea revictimizada.

Reiteró que se trata de consolidar un país sin prejuicios ni barreras que impidan o dificulten el desarrollo pleno de las mujeres, destacando que su empoderamiento representa el empoderamiento de la sociedad en su conjunto.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, destacó que la reducción de feminicidios que se registran motiva a acelerar el ritmo y a consolidar las acciones en este tema, porque, indicó, el objetivo de las instituciones y de la sociedad es que el número de feminicidios sea cero.

Dijo que en 2013 la tasa de defunciones femeninas disminuyó un siete por ciento con relación al año previo, mientras que en 2014 se redujo 13 por ciento respecto al 2013.

Güezmes García añadió que erradicar la violencia hacia niñas y mujeres es la meta central de todas las naciones.

 

Aseveró que la violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable, ponerle fin es un imperativo. “No es violencia contra las mujeres, es violencia contra la sociedad y la convivencia democrática”, puntualizó.

 

Vía Crónica 

 

En 2015 la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo, se rehusó a comenzar el trámite para la Alerta de Violencia de Género en el estado, luego de señalar que no era de su “competencia” aunque la ley local señala que ella es quien debería hacerlo y que una jueza federal dictara un amparo en el que calificó como incongruente la postura de la funcionaria.

“La contestación realizada por la autoridad responsable incumple con la congruencia que toda respuesta de autoridad debe observar al atender una petición de los gobernados”, dijo la jueza federal que analizó el caso.

Documentos del caso que aún se encuentra en los tribunales y de los cuales el medio Animal Político posee copias, exponen cómo luego de más de 30 homicidios violentos de mujeres en tan solo tres meses, Edda Arrez alegó que la Secretaría de Gobernación federal era quien debía declarar la alerta.

Es más, la directora rechazó que su negativa violentara las garantías individuales de quienes solicitaron que se iniciara con el trámite de la alerta.

El pasado 21 de mayo de 2015, la presidenta del Instituto de la Mujer de Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales, pidió al Instituto Veracruzano de las Mujeres que se emitiera la alerta de violencia de género para que se implementaran medidas urgentes en apoyo a las féminas, esto ante los violentos episodios registrados en la entidad.

Gamboa expuso una relación en la que se puntualizaban 33 casos de mujeres que fueron asesinadas con “extrema violencia” en varios municipios de Veracruz tan sólo en el lapso de enero a abril de ese año. Además se agregaban 20 denuncias por la desaparición de mujeres en la entidad.

En su petición se argumentó la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el estado de Veracruz establece en su artículo 39 que el Instituto Veracruzano de la Mujer puede solicitar formalmente al gobierno del estado el inicio del procedimiento para que se emita la alerta de género.

“El Instituto o cualquier ayuntamiento podrán solicitar a la Secretaría de Gobierno la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género a fin de adoptar las medidas y acciones preventivas de seguridad y justicia que procedan. El gobierno estatal, cuando así lo requiera, podrá solicitar a la Federación su colaboración en las medidas y acciones que se determinen en tal Declaratoria”, dice el artículo 39 de la Ley que rige al Instituto Veracruzano de las Mujeres.

De acuerdo con el artículo 4 de la misma ley, la alerta comprende un “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia derivadas de la declaratoria emitida por la autoridad competente, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”.

Sin embargo, el 12 de junio de 2015, Edda Arrez Rebolledo, se negó a iniciar el proceso para emitir la Alerta diciendo que no era de su competencia.

En el oficio IVD/DG/033172015 la Arrez respondió a Gamboa que “la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 25 que la emisión de las alertas de género es facultad de la Secretaría de Gobernación federal”.

No obstante, la ley en ese artículo dicta: “Se prohíbe someter a las víctimas a mecanismos de conciliación, de mediación y/o cualquier otro alternativo con la persona agresora, en tanto dure la situación de violencia”, dicho artículo se desprende del Título Quinto; De la atención a las víctimas, de los refugios y de los centros de reeducación para las personas agresoras.

Arrez Rebolledo sustentó que era necesario “desahogar los elementos de naturaleza procedimental” para luego estar en condiciones de que los niveles de gobierno pudieran implementar acciones en el tema.

Ante la negativa, Gamboa presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito del estado de Veracruz, en donde argumentó que la respuesta de la funcionaria estatal carecía de sustento legal y, al mismo tiempo, era una violación a los derechos humanos.

“Agravia que no obstante los datos oficiales que obran en poder de las autoridades aquí señaladas como responsables, no se haya iniciado de OFICIO por así permitirlo la ley, el proceso para emitir una alerta de género”, indica la demanda.

Entre otras cosas, se detalló que Arrez Rebolledo ignoró por completo que hay una ley estatal vigente que dice que ella es la facultada para iniciar el procedimiento de la alerta.

Fue el 9 de noviembre de ese mismo año cuando la jueza Nelda Gabriela González García emitió una sentencia en la que concedió el amparo a favor de Gamboa y dejó sin efecto la negativa que había dado el Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Hasta hoy, Veracruz no cuenta con la Alerta de Violencia de Género y han sido varias las agrupaciones y colectivos que la han solicitado pero la respuesta de las autoridades veracruzanas es que el tema sigue en análisis.

Apenas el pasado 5 de abril, las integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), informaron que solo en los primeros meses de este 2016, se han registrado 42 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales 33 están tipificados como feminicidios.

 

“Del primero de enero al 31 de marzo de 2016, en nuestra entidad han tenido lugar 42 asesinatos violentos de mujeres. La descripción de los hechos define a 33 de ellos como feminicidios” siendo Papantla, Cuitláhuac, Actopan, Emiliano Zapata, Veracruz, Medellín de Bravo, Coatzacoalcos y Minatitlán, los municipios en donde se presenta el mayor número de casos”, dijeron.

 

Vía Regeneración 

 

De la misma forma como la violencia se caracteriza por ciclos que se repiten entre el ejercicio del control y el castigo hacia las mujeres, así en la sociedad la violencia de género se presenta con características similares en las que la violencia familiar es el espacio para el sometimiento a través de las relaciones de pareja, y que van en incremento hasta culminar con la violencia feminicida.

En el feminicidio, forma extrema y más brutal, intervienen otros factores que favorecen estos contextos de discriminación al desanimar la denuncia de la violencia con la desigualdad institucionalizada de género, y que se presenta con la discriminación que funciona como una sólida base para propiciar, facilitar y contribuir a la violencia contra las mujeres.

El feminicidio es el resultado de un continuum de violencia contra las mujeres, en el que las omisiones del Estado son una parte fundamental, aunque en algunos casos pueden ser acciones directas o con la anuencia de los agentes del Estado al no intervenir en forma efectiva, responsable y con apego a procedimientos claros.

De tal forma que la violencia institucional opera como un elemento activo cuando el proceder de los operadores de justicia es en sentido contrario a la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, facilitando contextos de violencia familiar y de pareja, calificando los delitos desde una óptica permisiva y discrecional.

Sin embargo, es la omisión la más común de las contribuciones de la violencia institucional al agravamiento del contexto de violencia de género en el ámbito familiar y ejercido por la pareja, lo que contribuye en forma activa para facilitar los casos de feminicidio.

Desde la negativa a la emisión de las órdenes de protección, las medidas cautelares en los casos de separación por violencia, o en la nula respuesta efectiva a los llamados al número de emergencia para brindar auxilio, han constituido en reiterados casos (en San Luis Potosí, Guanajuato, Campeche, y otros estados donde se han documentado) causa de que la falta de protección derivó en feminicidio.

La peor parte de esta violencia ejercida sobre mujeres que buscaron algún auxilio, solicitaron una orden de protección o intentaron recibir algún tipo de ayuda a los números de emergencia que no resultó efectiva, es que los agresores terminaron por cometer el delito de feminicidio.

Hay casos graves que derivaron en observar a las corporaciones policiacas para su mejor comprensión e incorporación en los criterios, de considerar los bienes jurídicos tutelados que respaldan las intervenciones para abrir o romper puertas e intervenir en espacios privados cuando hay un llamado de auxilio de una mujer víctima –o a solicitud de vecinos–, por el riesgo inminente sobre la vida.

(Así se pudieron evitar casos de feminicidio. Hay uno que ocurrió en 2010, en Ciudad del Carmen, Campeche, donde una niña de nueve años fue violada y asesinada por un familiar, y afuera estaba la policía que no intervino “porque no tenía autorización”, hasta que se dejaron de escuchar los gritos de la menor, y fue cuando intervinieron para perseguir al ya consumado feminicida).

Otros casos así se han documentado: llamadas a la policía municipal o corporaciones estatales, que no saben o no poseen los procedimientos claros de una instancia que disponga además de Protocolos de Actuación Policial en casos de violencia de género, para saber que sus actuaciones o las medidas de protección no constituyen actos de molestia contra los agresores, sino actos de garantía de protección a la vida de las víctimas.

Hay otras formas activas o de permisividad de los operadores de justicia, que con su actitud favorecen la comisión de delitos contra las mujeres, tales como la falta de protección, y que considere y reconozca que una mujer víctima de violencia de género no puede ser llevada a conciliación o mecanismos abreviados, simplemente porque no está en condiciones de igualdad frente a su agresor. (Un caso en Sinaloa ocurrió en 2015 cuando una mujer atada y golpeada en un parque fue llevada a conciliar).

Ya lo ha promovido el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará; lo dicen la Ley General de Acceso y el Código Penal, pero como no se incluye específicamente los procedimientos abreviados, se insiste en ofrecer este recurso a mujeres que al ser colocadas frente a sus agresores simplemente sucumben por la indefensión aprendida.

Si establecemos que hay dos grandes tipos de feminicidio, uno de ellos de tipo íntimo en el que la víctima estuvo expuesta a un continuum de violencia en la que en distintos momentos pudo intervenir el Estado a través de agentes, y el ejercido por desconocidos en espacios públicos.

Una gran parte de los primeros podrían prevenirse con intervenciones activas, oportunas y responsables de los agentes del Estado para romper la cadena de la violencia de género contra las mujeres, acabando así con el contexto de violencia feminicida con participación del Estado.

 

Por Argentina Casanova, integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

 

Vía CimacNoticias